Como si la rutina de la ciudad intentara borrar las marcas de la fatídica, dolorosa y violenta jornada del lunes último, las calles, el paisaje, el tránsito, los transeúntes, los comercios y hasta el Congreso recuperaron su ritmo habitual en la zona del Palacio Legislativo.
Lo único que conservará por varios días las huellas materiales que dejó el lunes 18 de diciembre será la plaza del Congreso, hasta que se reconstruyan sus monumentos y patrimonios históricos, bancos, luminarias, caminos, césped y árboles. Las imágenes y el recuerdo de esa jornada también serán más difíciles de borrar.
Las 70 personas detenidas fueron liberadas ayer, aunque se mantendrá la causa penal en su contra.
El militante y ex precandidato a diputado nacional por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados en Santa Fe, Sebastián Romero, pidió la eximición de prisión. El hombre al que se vio en imágenes televisivas lanzando proyectiles con un mortero casero tiene un pedido de detención por los ataques del lunes y permanece prófugo.
La presentación la hizo su abogado esta mañana ante el juzgado a cargo del juez federal Sergio Torres, al frente de la investigación por las responsabilidades del vandalismo, los ataques y los daños de ese día.
Por un lado, ataques con cascotes, sacados de los monumentos, los bancos y las veredas de la plaza, y destrucción del espacio público. Por el otro, excesos de las fuerzas de seguridad. El saldo visible de la jornada fueron 88 efectivos y entre 50 y 60 manifestantes heridos. También, periodistas agredidos, lastimados y detenidos durante la cobertura.
“Fue bastante variado el perfil de los detenidos. Hubo manifestantes que no estaban identificados con los partidos y organizaciones que estaban en la manifestación y gente agarrada al voleo, entre ellos periodistas”, apuntaron desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que participó como veedora designada por Naciones Unidas de la marcha del lunes.
Desde el organismo que conduce Alejandro Amor explicaron a Diario Vivo que, como veedores, están para generar instancias de diálogo entre los participantes de la manifestación y el gobierno o las fuerzas de seguridad, para evitar enfrentamientos y excesos de uno y otro lado. Lo ideal es que esa mesa sea preventiva y se establezca un protocolo de acción.
“Los partidos e instituciones organizadas son los que tienen más control”, afirmaron.
La Defensoría puede intervenir para intentar desactivar o deponer las acciones violentas por la vía del diálogo y, en caso de que la situación se desmadre, registrar la situación con fotos y videos y aportarlos a la Justicia. En el operativo del lunes, se usaron cinco cámaras y un drone.
“Desde la Defensoría tratamos de mediar y buscar el diálogo. En esta ocasión, hubo un momento en que se desmadró. Ahí no hay diálogo posible. En estos casos, aportamos el registro audiovisioal y fotográfico de lo que vimos, para que si la Justicia tiene que identificar al alguien, de uno u otro lado, colaborar”, indicaron desde el entorno de Amor.
La Defensoría ya entregó el material disponible a los jueces federales Claudio Bonadio y Sergio Torres, que investigan la represión, los desmanes y los ataques que se produjeron el jueves pasado y el lunes último. Además, elaboró una lista con información de los detenidos.
Según confirmaron desde el organismo, la mayoría de las detenciones se produjeron cuando el operativo de la Policía de la Ciudad ya había concluido e intervinieron las fuerzas nacionales.
Según las fuerzas de seguridad, eso ocurre porque, primero, hacen inteligencia y, después, las detenciones.
A diferencia de otras manifestaciones producidas este año, en la del lunes los grupos no identificados, con las caras tapadas, que atacaron a la Policía de la Ciudad y destrozaron la plaza del Congreso estuvieron desde el comienzo.
Desde la Defensoría del Pueblo porteña especulan que los efectivos porteños tenían como protocolo no permitir que los manifestantes avanzaran sobre el Congreso y ahí terminaba su accionar.
(Con fotos de Télam)
