Un nuevo dictamen sobre la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo asomaría en el Senado, de parte de los senadores por Córdoba Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Carlos Caserio.
Entre la modificaciones que proponen a la iniciativa con media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto de plantearía la no punibilidad del aborto hasta la semana 12 de gestación y elimina el artículo que reprime con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial al médico que obstaculice un aborto o se niegue a realizarlo.
El dictamen que proponen los dos senadores del PRO y el del Bloque Jusiticialista se firmaría el 1 de agosto y los tres legisladores buscarán sumar más adhesiones hasta entonces.
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de junio establece la despenalización hasta la semana 14 semanas de gestación.
El proyecto de Rodríguez Machado, Martínez y Caserio también plantea el endurecimiento de las penas para los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que practiquen un aborto o colaboren a causarlo en los casos que sí son punibles, según consignó el sitio Parlamentario.
Con respecto a la obligación de los centros de salud, públicos y privados, de garantizar la práctica, el nuevo proyecto establece la objeción de conciencia, no sólo para los médicos, sino para la instituciones.
“Las instituciones de salud privadas podrán formular su objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, para lo cual deberán previamente informar al Ministerio de Salud de la Nación tal circunstancia, a los efectos de que quede registrada tal decisión y en consecuencia queden exentas de la aplicación de las sanciones contenidas en la presente ley”, indica la iniciativa.
Rodríguez Machado, Martínez y Caserio también establecerían la obligación del Estado de producir el Misoprostol, utilizado en la mayoría de las ocasiones.
“El Estado Nacional deberá contemplar la producción de las monodrogas necesarias que se aplican en los casos de interrupción voluntaria de embarazos, para garantizar su abastecimiento en todos las instituciones públicas de salud del país”, indicaría el texto.
Por último, se creará en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, el “Programa de Asistencia a los Servicios Públicos de Salud”, financiado por una partida presupuestaria específica, para cumplir con los objetivos de la ley.
