Cristóbal López, con un nuevo pedido de detención

Es por el no pago del impuesto a los combustibles. Los ocho mil millones de pesos adeudados a la AFIP habría sido destinados a financiar distintas firmas del grupo Indalo.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, reclamó hoy la “inmediata detención” de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por “administración fraudulenta agravada”, al pedir que se los vuelva a procesar por este delito.

Además, el fiscal ante el máximo tribunal penal del país reclamó que el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray también quede procesado como autor de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública” en la investigación por el no pago de ocho mil millones de pesos en el impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera Oil Combustibles.

Pleé evitó finalmente reclamar la prisión preventiva para Echegaray, como sí había propuesto su colega ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes, por entender que ese aspecto no formó parte de los incidentes presentados.

Por su parte, la AFIP, querellante en la causa, también presentó un escrito ante la sala uno del máximo tribunal penal del país en el que pidió que los empresarios y el ex funcionario sean procesados por “administración fraudulenta” y se revoque la figura de “retención indebida de aportes”.

Además, el abogado del organismo, Ricardo Gil Laavedra, sostuvo que debe anularse el fallo de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y pidió que se fijen embargos superiores a los diez millones de pesos.

Los camaristas Gustavo Hornos, Ana Maria Figueroa y Eduardo Riggi tienen cinco días hábiles para tomar una decisión.

“En forma paralela al incumplimiento fiscal y los sucesivos planes de facilidades de pago, Oil Combustibles S.A. financiaba a otras empresas del Grupo Indalo”, remarcó Pleé sobre el no pago del impuesto a los combustibles líquidos desde mayo de 2013 a agosto de 2015. Pleé advirtió que “el análisis de los estados contables de OIL Combustibles S.A. indicaría que era utilizada por sus propietarios para financiar a las otras empresas del Grupo Indalo”.

Echegaray, como titular de la AFIP, “otorgó en forma ilegal los planes particulares” de pago a los empresarios. El ex funcionario “ya sea por acción (otorgamiento de planes particulares) u omisión (acogimiento a planes generales) habría beneficiado a los dueños de Oil, a través de la concesión irregular de planes de facilidades de pago, permitiéndoles prorrogar sistemáticamente la obligación de ingresar ese tributo, en perjuicio del fisco”, agregó Pleé

Los empresarios dueños del grupo Indalo fueron detenidos por orden del juez del caso, Julián Ercolini, en la causa donde ya estaban procesados por administración fraudulenta a raíz de maniobras que, para los acusadores, buscaban eludir la inhibición general de bienes que les impide traspasar el control o administración de sus empresas. Pero la sala I de la Cámara Federal porteña -con los votos de Ballestero y Farah y oposición del camarista Leopoldo Bruglia- revocó las prisiones preventivas y, además, cambió la calificación del delito a “retención indebida de aportes”, una acusación más leve que podría derivar en el cierre del caso si se paga lo adeudado. Por este fallo, Farah y Ballestero son investigados en el Consejo de la Magistratura.

(Con información de Télam)