Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, destacó el proyecto de ley que establece expropiar tierras en donde hoy hay más de cuatro mil barrios, villas y asentamientos precarios y aseguró que se trata de un primer paso para “empezar a discutir la integración urbana real”.
Menéndez confirmó que el proyecto de ley fue llevado por los movimientos populares junto a la ONG Techo al gobierno nacional. Sin embargo, prefirió mantenerse al margen de la polémica surgida luego de que referentes sociales y legisladores criticaran a la Casa Rosada por adjudicarse la autoría de la iniciativa.
“Nos parece una discusión menor. Sí es una iniciativa que toma el gobierno. Pero acá lo que hay que hacer es que nuestros vecinos tengan más y mejores derechos”, dijo el coordinador de Barrios de Pie, en diálogo con Diario Vivo. La organización social participó, junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa, Cáritas y Techo, de un relevamiento hecho a nivel nacional para conocer la cantidad de personas que habitan en villas y asentamientos.
3- Queremos que se de un salto cualitativo en el ordenamiento urbano; integrar a los barrios populares, villas y asentamientos; otorgar servicios básicos como agua, luz y gas, debido a que muchos hogares argentinos carecen de los mismos.
— Daniel Menendez (@bdp_daniel) April 12, 2018
“El proyecto es una consecuencia del planteo, un primer paso que abre posibilidades a que esa letra que plantea la ley se cumpla para poder empezar a discutir la integración urbana real”, agregó Menéndez.
Consultado sobre el tiempo que tomará aprobar la ley y ponerla en marcha, el referente social indicó: “Entendemos que habida cuenta del consenso que existe aspiramos a que sea en un plazo inmediato”. Y, en relación al presupuesto para poder implementar el proyecto, Menéndez aseguró: “Va a ser motivo de discusión, creemos que este gobierno tiene una tendencia al marketing y a presentar cosas que después tienen un absoluto fracaso por falta de financiamiento. Vamos a monitorear que este proceso se materialice”.
El dirigente social también se refirió a lo que tendrán que pagar los beneficiarios de la ley. “Hay una premisa que la gente quiere pagar por el terreno que tiene, la cuestión es que después se le otorgue la titularidad”, señaló.
