Cuando comienzan a discutirse las paritarias 2018, el gobierno nacional igualó la representación de los gremios docentes nacionales en la mesa conformada por la Ley de Financiamiento Educativo.
La mesa está prevista para que los gremios docentes y el Ministerio de Educación acuerden cada año el “convenio marco” sobre condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente, entre otros aspectos.
El decreto 52/2018, publicado hoy el Boletín Oficial, modifica en otro anterior, del 2007. En rigor, la normativa establece que formarán parte de la mesa de negociación “un miembro” de cada sindicato docente con personería gremial y representación a nivel nacional. En la práctica, implicará un reducción de los representantes que tiene la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ya que, hasta ahora, la representación era proporcional a la cantidad de afiliados.
“La representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal, en el convenio marco, será ejercida por un miembro de cada asociación sindical de primer, segundo y tercer grado, con personería gremial y ámbito geográfico de actuación en materia docente en todo el territorio nacional”, dispuso el artículo 2.
“Deviene necesaria la actualización del ámbito de discusión del convenio marco, garantizando la equidad en la representación de todas las voces, con el fin de mejorar las condiciones generales de los docentes del Sistema Educativo Nacional, adecuando la normativa vigente y estableciendo nuevos criterios de relación”, argumentó la normativa.
La CTERA tenía una presencia mayoritaria frente a los demás gremios docentes nacionales: la Unión Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).
El decreto también divide los ámbitos de discusión del “convenio marco” para la educación pública de gestión estatal y para la privada. En el segundo caso, además del Ministerio de Educación de la Nación, del Consejo Federal de Educación y de SADOP, participarán de la negociación “los representantes de los empleadores del sector”.
Al establecer los temas de competencia de la mesa de la “Ley de Financiamiento Educativo”, el decreto excluye la discusión salarial e incluye “todas las cuestiones laborales general que integran la relación de empleo”.
“El convenio marco regulado por el artículo 10 de la Ley Nº 26.075 comprenderá todas las cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo considerar como mínimo las siguientes: materias de índole laboral, asistencial, previsional y, en general, las que afecten las condiciones de trabajo, a saber: condiciones de ingreso a la carrera docente, promoción y capacitación, calificaciones del personal; régimen de vacantes; trámites de reincorporaciones; jornadas de trabajo; derechos sociales y previsionales; políticas de formación docente y capacitación en servicio; representación y actuación sindical; títulos”, indica el artículo 4 del decreto.
Por último, la normativa institucionalizó el salario básico docente, acordado el 25 de febrero de 2016 con el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, que fijó el piso salarial en todo el país en un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil.
“En cuanto al inciso del artículo 10 de la Ley N° 26.075, referido al salario mínimo docente, queda establecido que el mismo no podrá ser inferior al 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil vigente, acuerdo arribado entre las asociaciones sindicales y el Poder Ejecutivo Nacional”, establece el inciso b del artículo 6 del decreto.
Los gremios docentes denunciaron el año pasada el incumplimiento de ese básico en varias provincias del país.
