El Senado aprobó ayer por unanimidad la prórroga de la ley 26.160 por cuatro años.
Se trata de la normativa que suspende los desalojos hasta que se lleve a cabo un relevamiento técnico catastral sobre la “posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias”.
La ley fue sancionada en 2006 y, a pesar de que el plazo original de tres años se prolongó dos veces, hasta 2016 se relevaron el 46 por ciento de la comunidades identificadas, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Ayer, la Cámara Alta aprobó una nueva postergación del plazo, ya que el último vencerá el 23 de noviembre próximo. En este caso, la prórroga será hasta 2021.
El proyecto deberá ser sancionado por la Cámara de Diputados y fue acordado tras una reunión entre los legisladores y representantes de las comunidades mapuches, qom, wichis, villela, sanavirones, guaraníes, warpes y kollas.
El PRO y la UCR buscaban una prórroga de dos años y medio a lo sumo, mientras que el resto de los bloques se inclinaron por cuatro años más, que es el período por el que se postergó desde 2009.
Además, el acuerdo básico de los senadores es que se haga la última prórroga, para cerrar el registro definitivamente y evitar que se sumen nuevos reclamos.
“Si el Ejecutivo cumple con lo prometido, a lo mejor, antes de los cuatro años se puede terminar el relevamiento”, apuntó el senador por Chaco de la UCR Ángel Rozas, que -dato al margen- ayer renunció a la presidencia del interbloque Cambiemos, en un nuevo pase de facturas por la falta de espacio y reconocimiento que el PRO le da al radicalismo dentro del gobierno.
El seandor Luis Petcoff Naidenoff, también de la UCR, precisó, con datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que hay 1.532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena y 459 con el relevamiento culminado.
“A 11 años de vigencia de la ley, solamente el 30% de las comunidades tienen un relevamiento real y efectivo y están en condiciones de avanzar en la eventual titularidad del dominio”, apuntó el senador por Formosa.
“Cuatro años es el plazo mínimo en que podemos pensar para terminar con el relevamiento”, sostuvo el titular de la Comisión Especial de Pueblos indígenas, Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica.
“No queremos más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado. No queremos más campañas amarillas con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo, para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a la Argentina”, disparó el senador de UNEN Fernando “Pino” Solanas.
