La Justicia porteña dictaminó a favor de un recurso presentado por los Metrdelegados, que deberán ser convocados por el Gobierno de la Ciudad para negociar las paritarias del sector.
Un fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 podría destrabar el conflicto en el que participan los trabajadores del subte, la empresa Metrovías, la sociedad del Estado Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), y el gobierno porteño.
La medida cautelar dictada ordena que la administración del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta convoque a una mesa de negociación a la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), SBASE, Metrovías y la UTA. Según la decisión de la justicia, esta instancia deberá tener una duración de 60 días y también establece que la firma concesionaria del servicio no podrá incorporar “a personal externo o interno no calificado, para tareas de guarda y conductor”.
El mismo fallo también ordena que queden sin efecto las sanciones impuestos por Metrovías a los metrodelegados que levantaron los molinetes en manifestaciones anteriores, y que los funcionarios porteños “se abstengan de efectuar declaraciones públicas que tergiversen los contenidos de normas o fallos en relación al conflicto con AGTSyP.
El conflicto comenzó a raíz del rechazo de los llamados metrodelegados al acuerdo paritario firmado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que prevé
un 15 por ciento de aumento salarial a pagar en tres tramos.
En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia convalidó una resolución dictada en 2015 por el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que anuló la personería gremial de la Agtyp.
Los metrodelegados rechazan el acuerdo alcanzado por la UTA por considerar que acarreará una “pérdida del poder adquisitivo” de los trabajadores y se quejan de haber sido “excluidos de la mesa” de negociaciones paritarias.
El conflicto creció en tensión hace dos semanas, cuando en medio de una protesta en la estación Las Heras, de la línea H, Néstor Segovia y otros 14 metrodelegados fueron detenidos y acusados de resistencia a la autoridad y obstruir un servicio público.
