Frente al impulso del oficialismo y el reclamo social, el martes 24 de julio, a las 12, el Senado someterá a discusión el proyecto de “extinción de dominio” en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
La iniciativa fue aprobada en junio de 2016 en la Cámara Baja y establece que los bienes con origen injustificado, sospechados de provenir de una actividad de origen ilícito, pasen a ser propiedad del Estado. De esta manera, se pretende perseguir activos provenientes del narcotráfico, lavado de activos, evasión fiscal, tráfico de personas y corrupción, entre otros delitos.
El bloque de senadores del PJ presentó una propuesta alternativa y hay otra, del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe de la bancada del Pro, Humberto Schiavoni.
La principal diferencia entre el proyecto del P Jy el aprobado en la Cámara baja es que la iniciativa del peronismo establece que la acción de extinción de dominio se incorpore al Código Penal, con lo cual la enajenación de los bienes sospechados de provenir de un origen ilícito estaría sujeta a la sentencia que se dicte en la causa penal.
En el último mes, el oficialismo reimpulsó el tratamiento del proyecto con media sanción en el Senado, frente al riesgo de que pierda estado parlamentario a fin de año, cuando vencen los dos años desde la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados.
El Senado introduciría modificaciones al proyecto con media sanción, con lo cual, de ser aprobado, deberá volver a ser tratado en la Cámara Baja.
“El procurador del Tesoro de la Nación será legitimado para iniciar esta acción, que tendrá un debido proceso, que implica probar y requerir al imputado la prueba sobre el origen lícito de los bienes, sin invertir la carga de la prueba”, apuntó el senador del PJ Rodolfo Urtubey, uno de los autores de la iniciativa.
“El mismo tribunal que tenga que dictar la condena de absolución, tendrá que dictar una sentencia en relación a esta acción civil, donde debe probar la vinculación de estos bienes con el delito”, explicó Urtubey durante la presentación del proyecto alternativo.
El senador aclaró que, en el caso del proyecto aprobado en Diputados, la extinción del dominio de los bienes sospechados de provenir de un origen ilícito queda a cargo de “fiscales del fuero civil comercial federal”. Ese fiscal, ante la mera sospecha, podía iniciar una acción de extinción de dominio. No se compadece con el sistema de garantías que tiene la Argentina”, advirtió Urtubey.
