El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó hoy a declaración indagatoria al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, a su ex segundo en esa cartera, Roberto Baratta y a otros ex funcionarios además de empresarios como Ángel Calcaterra, Marcelo Odebrecht e Ignacio Soba Rojo en la causa que investiga el presunto pago de sobornos para direccionar la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento.
El magistrado citó a 49 imputados, en un listado que incluye a Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, sindicado como supuesto intermediario en las maniobras sospechadas.
Las pruebas en la causa, sostuvo el juez, “permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas” a entonces funcionarios públicos, según el fallo.
Martínez De Giorgi citó a indagatoria a De Vido, Baratta, al también detenido ex secretario de Obras Publicas José López y a los ex ministros de Transporte Ricardo Jaime (también preso) y Juan Pablo Schiavi, entre otros.
En cuanto a los empresarios, citó a indagatoria a integrantes de IECSA SA, Ghella SA, Odebrecht y CAESA S.A., del consorcio que se adjudicó las obras. Entre los citados están Ángel Antonio Calcaterra y Santiago Altieri (IECSA SA); Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (Ghella SA); Ignacio Soba Rojo (CAESA SA).
La ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio próximo a las 11 con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, cuando está citado “Corcho” Rodríguez.
“Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular” de la licitación, remarcó el juez en la resolución.
De acuerdo a la resolución del magistrado, los pagos sospechados se habrían realizado a través de la empresa CAESA, por “servicios de consultoría presuntamente inexistentes” y mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”.
Las 49 citaciones abarcan a los exfuncionarios que “formaron parte de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal” u otras reparticiones que intervinieron “de manera sustancial en el irregular proceso licitatorio” y, además, a los “apoderados de las empresas privadas adjudicatarias” y sus responsables.
