El juez federal Daniel Rafecas procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; a su secretario de Energía, Daniel Cameron, y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar, respectivamente, por negociaciones incompatibles con la función pública.
El delito prevé penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Según la resolución, de 300 páginas, Cameron, Folgar y Marcheschi llevaron a cabo “una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada `Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–´”.
Los contratos, que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), fueron, en cambio, acordados “bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial”. Según la causa, se establecieron plazos exiguos y requerimiento exigentes para la adjudicación.
Si bien los responsables inmediatos de la maniobra son el secretario y los dos subsecretarios del Ministerio de Planificación, De Vido fue procesado como conductor de la cartera involucrada.
“Distintas circunstancias hacen aparecer como improbable que el ministro hubiera sido ajeno a los aspectos más importantes de la implementación del plan”, sostiene el fallo de Rafecas. “No se puede dejar de destacar, a su vez, la circunstancia de que el plan se implementó a través de la creación, por el propio Ministerio, de un régimen legal específico, diferente al establecido por el decreto n° 1023/01, marco normativo del régimen de contrataciones de la administración pública”, agrega.
“Por estas particulares características es posible afirmar que De Vido no pudo carecer de conocimiento -cuanto menos, de los trazos más gruesos-, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura sobre las cuales, por cierto, el Ministro tenía especiales responsabilidades”, concluyó el juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3.
La obra de ampliación de la red de gasoductos del país estaba presupuestada en 2.347 millones de dólares y, según Rafecas, fue “una de las mayores obras de infraestructrua” del Ministerio de Planificación. La megaobra fue adjudicada exclusivamente a Odebrecht, la constructora brasilera que forma parte del escándalo de corrupción internacional llamado “Lava Jato”, que involucra a funcionarios de todo el mundo.
De Vido está detenido preventivamente desde el 25 de octubre del año pasado, en la causa que investiga la malversación de fondos públicos destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y por el pago de sobreprecios en la importación de gas licuado. En ambos casos, el suspendido y desaforado diputado nacional del Frente para la Victoria está procesado por defraudación a a la administración pública.
Según el expediente, se descubrieron una serie de notas y decisiones administrativas, incluyendo un “memorándum de entendimiento” entre Odebrecht y la Secretaría de Energía, que dan el indicio de que el proceso licitatorio fue manipulado para favorecer a Odebrecht.
El marco normativo creado desde el desparecido Ministerio de Planificación para esta ocasión habilitaba una “licitación privada”, para que el proceso de adjudicación de la obra se realizara a través de la empresa mixta CAMMESA, transportadora de gas, en lugar de hacerse a través de las empresas privadas licenciatarias TGN y TGS, como se hizo hasta ese momento.
La maniobra habría comenzado en noviembre de 2005, con una nota donde Odebrecht, a través de su directivo Flavio Bento Faría, se presentó directamente ante la Secretaría de Energía para manifestar el interés en “contribuir” con CAMMESA en el proceso de ampliación de capacidad de transporte de gas.
Entre febrero y marzo de 2006, se mantuvieron reuniones y se firmaron notas en las que la Secretaría de Energía recomendaba a Odebrecht para la megaobra.
Además, se implementaron cambios en las reglas del proceso licitatorio, como la modificación de las bases del llamado a licitación o del estatuto constitutivo de CAMMESA para permitirle actuar como mandataria del Estado Nacional.
Rafecas sospecha que la presentación de las empresas Camargo Correa y Roggio al llamado a licitación se habría hecho para cumplir con la formalidad del proceso licitatorio, pero ambas quedaron al margen ya que los requisitos establecidos en los pliegos sólo pudieron ser cumplidos en tiempo y forma por Odebrecht.
El contrato entre CAMMESA y Odebrecht se firmó el 6 de diciembre de 2006.
Odebrecht también es investigada por el pago de sobornos para obtener la adjudicación de obras de infraestructura en una causa paralela, que está bajo la órbita del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
