El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación contra el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, por sus posibles vínculos con la empresa Farmacity en el resultado de una licitación del PAMI.
“Resulta, prima facie, imputado de los hechos denunciados Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial. Ello, sin perjuicio que durante el avance de la investigación se proceda a la individualización de otros autores del ilícito”, establece el dictamen de González, elevado al juez federal Ariel Lijo.
El fiscal requirió impulsar una serie de medidas de prueba, entre ellas pedir las declaraciones juradas del funcionario a la Oficina Anticorrupción, desde el 2015 a la actualidad. También pidió que la O.A. remita “todas las actuaciones o investigaciones administrativas que obren en sus registros respecto al nombrado y/o Farmacity, Farmacity SA, Partner SA y Pagasus SA”.
El fiscal González también requirió al juez Lijo que libre oficio a la Inspección General de Justicia de la Nación para que “informe la composición del directorio de las empresas Farmacity, Farmacity SA, Partner SA y Pegasus SA”, con las copias de los certificadas de las actas de constitución, de asamblea y directorio, “como de cualquier otra documentación que obre en ese organismo al respecto”.
El expediente surgió a partir de la denuncia presentada por Daniel Igolnikov, un abogado, apoderado del partido Soberanía o Sometimiento, que en noviembre del año pasado denunció al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, por la desaparición del ARA San Juan.
Igolnikov hizo la presentación contra Quintana luego de una investigación periodística del programa “PPT”, del 20 de mayo último, que reveló que el vicejefe de Gabinete mantiene el 2,09 por ciento de las acciones de Farmacity y el equivalente al 53 por ciento del control en la toma de decisiones de la cadena de farmacias.
Según la denuncia del abogado, la empresa “habría sido favorecida como proveedor de PAMI”.
González también requirió al juez que el Ministerio de Modernización informe si las empresas Farmacity, Farmacity SA, Partner S.A. y Pegasus S.A. “son proveedores del Estado, particularmente de la obra social PAMI, y, en su caso, indique número de proveedor o legajo que posee”.
El fiscal también pidió copia de los programas de televisión donde se dio cuenta de la participación de Quintana en Farmacity.
Tras la investigación de PPT, el funcionario aclaró que, desde que asumió la función pública, en diciembre de 2015, no tomó “ninguna decisión” ni tuvo “ninguna influencia” que favorezca a la cadena de farmacias y que “no hay incompatibilidad jurídica” entre su rol de accionista y funcionario público.
(Con información de Télam)
