La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó la elevación a juicio de la ex presidenta Cristina Fernández por 49 maniobras de “administración fraudulenta” y “asociación ilícita”, en el marco de la causa que investiga la manipulación de los contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, a favor del Grupo Austral, entre 2003 y 2015.
El organismo que encabeza Laura Alonso pidió también el proceso oral y público para el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario nacional Lázaro Báez, los tres detenidos por otras causas. Lo mismo requirió para el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
“Las conductas por las que Cristina Elisabet Fernández deberá responder, en calidad de coautora, resultan constitutivas de los delitos de administración infiel, agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades”, indicó la O.A. en su requerimiento.
La causa se inició por una denuncia presentada por el actual director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y está a cargo del juez federal Julián Ercolini.
La ex mandataria y senadora electa de Unidad Ciudadana tiene confirmado el procesamiento por “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”.
“Continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner”, sostuvo la presentación de la O.A., que es querellante en la causa.
Según el organismo, “las acciones” buscaron “beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos de la Dirección Nacional de Vialidad”.
“Cristina Fernández de Kirchner mantuvo la estructura institucional que había montado Néstor Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial”, sostuvo el requerimiento de elevación a juicio de la O.A.
El pedido alcanza al ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner, como parte de la “asociación ilícita” destinada a “apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015”.
“Todo el entramado delictivo reseñado pudo concretarse mediante la planificación y ejecución de una serie de actos concatenados concebidos para beneficiar a Lázaro Báez”, concluyó la OA.
(Con información de Télam)
