Tras la muerte de Rafael Nahuel en el Parque Nacional Nahuel Huapi, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó hoy, en una conferencia de prensa, el accionar de la fuerzas que intervinieron en el operativo de desalojo desde el jueves último.
“Vamos a dar claras instrucciones a las fuerzas de seguridad, que invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley e intenta convertirse en un poder fáctico”, afirmó la ministra de Seguridad, junto al ministro de Justicia, Germán Garavano.
“Queremos caracterizar una situación que hace varios años que sucede, pero que nadie ha prestado atención. Han ocurrido más de 70 acciones violentas, estamos frente a grupos violentos que no respetan la ley, que no respetan a la Argentina, que no aceptan el Estado”, sostuvo Bullrich. “Esta situación nos lleva distinguir, con absoluta claridad, entre los pueblos originarios de estos grupos, que han tomado a la violencia como forma de acción política”, agregó.
“Creemos que es necesario enmarcar esta situación a través del juez. Llevamos una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción violenta en democracia”, aseguró la funcionario, en referencia al desalojo llevado a cabo por Prefectura, el jueves pasado, en Villa Mascardi, en el partido de Bariloche. El operativo, ordenado por el juez Gustavo Villanueva, derivó en un despliegue de control y patrullaje posterior, en el marco del cual murió Rafael Nahuel, miembro de la comunidad, el sábado por la tarde.
Todavía está pendiente el resultado de la autopsia, para determinar el horario y la causas de la muerte, pero desde la comunidad mapuche, aseguran que hubo una “cacería” y que Rafael Nahuel murió por disparos de bala.
“Vamos a dar claras instrucciones a las fuerzas de seguridad, que invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que esta fuera de la ley e intenta convertirse en un poder fáctico. Esto es una decisión muy de fondo, sobre qué tienen que hacer nuestras fuerzas federales“, afirmó Bullrich.
Ayer, el juez y la fiscal a cargo de la causa; la abogada de la comunidad, Natalia Araya; el obispo de Bariloche, monseñor Juan Chaparro, y un médico iniciaron la búsqueda de los miembros de la comunidad que se replegaron en la montaña después de la represión del sábado.
“Se ha establecido, a través del obispo de Bariloche, un diálogo. Estamos totalmente abiertos al diálogo con todo grupo pacífico, pero que quiera hablar en el marco de la ley“, advirtió Bullrich.
No obstante, Bulrrich advirtió a Villanueva que “se están perdiendo bastantes días y se van a tener menos pruebas”.
A su turno, Garavano reafirmó la responsabilidad del grupo mapuche en el accionar de Prefectura y la Policía Federal, las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo de desalojo iniciado el jueves.
“Los argentinos tenemos que aprender, de una vez por todas, que la violencia no es el camino. Más allá de las caracterizaciones generales, hubo más de 70 hechos violentos y corresponde a la Justicia establecer quiénes son los responsables de la violación de la ley”, apuntó el ministro de Justicia.
El funcionario llamó a un “repudio de todos a estos grupos violentos”.
“Me parece que debe haber un repudio de todos a estos pequeños grupos violentos. Está claro que la violación de la ley, en Argentina, tiene y va a tener consecuencias”, advirtió.
