El Tribunal Supremo español retiró hoy las órdenes europeas e internacionales de detención emitidas contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex miembros de su gobierno que huyeron a Bruselas, aunque siguen vigentes en territorio español.
La medida está fundamentada en que se puede producir una denegación de la extradición por algunos delitos y los investigados manifestaron su intención de regresar a España. No obstante, en caso de volver a Cataluña, los cinco dirigentes independentistas serán detenidos, ya que la orden de detención sigue en vigente en el país.
La decisión se produjo sorpresivamente el primer día de la campaña de cara a las cruciales elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, que fueron convocadas por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy tras abortarse la secesión mediante la intervención de la región.
Tras fracasar en su intento de llevar a Cataluña a la secesión y luego de ser cesado, Puigdemont volverá a presentarse a las elecciones encabezando la lista independentista Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña).
En su resolución, el juez Pablo Llarena explicó que adopta estas medidas para evitar que los dirigentes catalanes huidos se beneficien con respecto a los demás imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación por su intento fallido de llevar a Cataluña a la secesión.
Además de Puigdemont, también tenían orden de captura los ex consejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
El juez valoró un cambio de escenario, con las elecciones del 21 de diciembre en el horizonte, y remarcó el hecho de que “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se presentaron recientemente”.
El pasado 17 de noviembre, la Fiscalía belga respaldó la entrega de los independentistas catalanes pero sólo para ser juzgados por delitos de conspiración y malversación por parte de funcionarios públicos, ya que la rebelión y la sedición no están recogidos en la ley belga, un requisito para aceptar la extradición.
“El actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, al ser posible que el Estado requerido, deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención”, señaló el juez.
(Télam)
