Luego de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de La Plata, con la detención de Pablo “Pata” Medina, y del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación platense, con el arresto de Marcelo Balcedo, la Justicia bonaerense avanza sobre la corrupción sindical en Bahía Blanca.
Esta madrugada fue detenido el secretario general de la UOCRA de Bahía Blanca, Humberto Monteros, junto a nueve dirigentes del gremio. El dirigente tenía 5 millones de pesos, 10 mil dólares y euros, guardados en bolsas de plástico en su casa.
La detenciones se produjeron durante 19 allanamientos realizados en esa ciudad del sur bonaerense, en Monte Hermoso y en Coronel Suárez, en el marco de una causa por asociación ilícita en concurso real.
Además de Monteros, fueron detenidos el secretario adjunto del sinicato, José Bernardo Burgos; Pablo David Gutierrez; Nelson Damián Cabrera; Carlos Carrillo; Mario González; Raúl Erbin; Sergio Vázquez; Aníbal Aranda y David Muñoz.
“Logramos acreditar un modus operandi que consiste en presentarse a la obra y extorsionar a empresarios, pidiendo dinero y exigiendo la firma del convenio, para que estén obligados a los aumentos salariales y que presten ciertos servicios, que implican la contratación de determinadas empresas”, explicó el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, en declaraciones radiales. “Hemos constatado que pertenecen todas a familiares de directivos de la UOCRA”, agregó.
El fiscal confirmó que, en la causa, hay “45 hechos de extorsión acreditados”.
“El modus operandi se repetía siempre, pero los montos variaban de acuerdo a la magnitud de la obra, desde empresas a las que les pedían 350 mil pesos por mes a una constructora familiar a la que le sacaban 1.000 pesos”, precisó Fernández.
La Fiscalía indicó que, entre los casos probados, hay uno en el que la UOCRA llegó a pedir 750.000 pesos para permitir que se realizara una obra en la Central Termoeléctrica Luis Piedrabuena.
“Para obras de envergadura, como la de la reparación de la turbina 30 de la
central termoeléctrica Luis Piedrabuena (ubicada en la localidad bahiense
de Ingeniero White) se les pagó 750.000 pesos”, explicó Fernández. “Y en la reparación de la turbina 29, se pagaron 400.000 pesos a estas personas, para que los dejaran trabajar”, agregó.
La investigación se inició “de oficio”, a partir de las amenazas denunciadas en octubre último por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, según reveló el fiscal.
La mandataria provincial denunció “comentarios de empresarios sobre maniobras extorsivas por parte de uno de los dirigentes sindicales que hoy está detenido”.
