La Justicia porteña ordenó el desalojo de unos 500 vendedores ambulantes ubicados en el barrio de Liniers, a lo largo de 38 cuadras, en los alrededores de la estación de ómnibus.
El operativo se produjo esta madrugada por personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Policía de la Ciudad.
La Justicia determinó que los puestos practicaban “venta callejera ilegal”.
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de Celsa Ramírez, determinó que los puestos, mayormente de ropa y accesorios, practicaban “venta callejera ilegal”.
El procedimiento comenzó cerca de las 4 de la mañana en el perímetro determinado entre avenida Rivadavia, Carhué, Ventura Bosch y la colectora de la avenida General Paz.
Los negocios del barrio mantuvieron sus puertas cerradas por temor a que se produzcan incidentes entre los manteros y la policía, según indicaron los dueños a la agencia de noticias Télam.
Para contener las protestas, se dispuso un cordón de efectivos policiales, carros hidrantes y patrullas, que rodeaban a los manteros que se manifestaban en el lugar.
La investigación por la que se ordenó el desalojo se inició por denuncias de vecinos y comerciantes de la zona, que reclamaban por “bloqueos en las veredas, corte de paso a peatones, competencia desleal con los comercios y venta de productos ilegales”.
Luego de los relevamientos realizados por el ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, se constató que había “475 manteros, de los cuales 239 eran puestos de comida y 236 vendedores de calle”.
La cartera aseguró que un 44 por ciento de los puestos eran manejados por senegaleses, un 39 por ciento por bolivianos, el 9 por ciento por peruanos, 5 por ciento por argentinos y un 1 por ciento por paraguayos. La mitad de los puestos vendía bijouterie y un 38 por cientos frutas y verduras.
Algunos puesteros reclamaban que, aún teniendo la habilitación del gobierno porteño, fueron desalojados violentamente.
“Hace 30 años que estoy acá, pago los impuestos y estoy al día. Vinieron y, sin preguntar, rompieron todo, ahora no tengo nada”, afirmó Concepción, dueña de un puesto de flores en Rivadavia y José León Suárez. “Tengo el permiso para trabajar acá, lo tengo colgado en el puesto. Tengo medidor de luz y de agua”, agregó.
Los inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño explicaron que el puesto ocupaba un metro más del espacio que tenía autorizado. “Eso me lo explicaron después de romperme todo el puesto”, denunció la mujer.
(Con información de Télam)
