El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), y ahora ordenó investigar el origen de las acusaciones. La semana pasada, Carrió aseguró que el joven que declaró en su contra lo hizo a cambio del pago de 1500 pesos.
La causa contra Carrió había sido reabierta por la Sala II de la Cámara Federal Porteña, tras una primera desestimación de Rafecas. Tras la orden de continuar con la investigación, el magistrado citó a declarar al denunciante, Saúl Enrique Paz, un trabajador del partido de Pilar, quien bajo juramento contó que le habían pagado 1500 pesos para que denuncie en contra de la la legisladora, aliada de Cambiemos.
Los delitos que se le adjudicaba a Carrió eran por la presunta comisión de los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito de funcionario público, peculado de servicios o de trabajo y lavado de activos.
“Dicha denuncia no sólo no fue ratificada ante este Tribunal por su denunciante, sino que el mismo refirió desconocer por completo su contenido, señalando que no sabía siquiera que había suscripto una denuncia y, mucho menos, que la misma era contra la Diputada Carrió y que , de haberlo sabido, no la hubiese firmado”, señala Rafecas en el expediente.
La causa agrega que el denunciante es “un humilde albañil que, sin lugar a dudas, fue utilizado por una tercera persona para formular la denuncia, punto de inicio del presente legajo, quien –según su relato- lo engañó y le pidió que firmara la denuncia, so pretexto de que se trataba de un escrito para que el denunciante fuese testigo de un asunto laboral de esta tercera persona.”
De acuerdo con el testimonio de Paz en el expediente, una persona nombrada como Alan González fue quien lo instruyó para que firme y declare contra Carrió.
Ahora, Rafecas ordenó que se investigue “la posible comisión de un delito de acción pública”, en referencia a la denuncia inicial contra la legisladora.
