El fiscal adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, confirmó que los dirigentes gremiales Hugo y Pablo Moyano quedaron incluidos en la causa que investiga una presunta asociación ilícita entre la dirigencia y la barra brava del club Independiente para intimidar a los encargados de la seguridad de los partidos.
Los Moyano, padre e hijo, fueron incluidos en la investigación y se les envió “una notificación formal sobre la formación de la causa, a los efectos de poder garantizar las defensas”, según precisó Scalera en declaraciones radiales.
Hugo y Pablo Moyano son presidente y vice de Independiente, respectivamente. “La imputación se dirigió a parte de la dirigencia del club y, posteriormente, los fiscales toman la decisión de notificar de la formación de la causa a Hugo y a Pablo Moyano”, explicó el fiscal. El funcionario judicial de la provincia de Buenos Aires aclaró que ese paso “no implica inexorablemente que sean detenidos o llamados a indagatoria”.
Scalera indicó que se trata de “un paso previo, que puede llevar o no” al pedido de indagatoria o detención.
La notificación implica que los involucrados puedan constituir sus defensas “respecto a las medidas de prueba que van a producirse en adelante”.
En el marco de la causa, que involucra a ex directivos y a barrabravas de Independiente, se realizaron varios allanamientos y se secuestraron elementos de prueba y computadoras de la sede del club en la localidad de Avellaneda para ser periciados.
“Hoy por hoy, no hay ninguna imputación concreta ni mucho menos”, aclaró el abogado de Independiente, Sergio Nemesio, en referencia a Hugo y Pablo Moyano.
En la causa están procesados, con prisión preventiva, Noray Nakis, ex vicepresidente de Independiente, y al jefe de la barra brava del club, Pablo “Bebote” Álvarez.
La investigación se inició por una denuncia del titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Juan Manuel Lugones.
La fiscalía determinó que una fracción de la hinchada de Independiente “estableció una asociación con fines delictivos, destinada principalmente a la comisión de hechos de violencia física e intimidaciones contra personas y autoridades de organismos estatales y privados encargadas de la seguridad de los eventos deportivos”.
(Con información de Télam)
