Mariana Triaca, ex miembro del directorio del Banco Nación, fue la primera renuncia oficializada tras la publicación del decreto que prohíbe el nombramiento de familiares de funcionarios en cargos de alta jerarquía del Poder Ejecutivo.
La hermana del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, había sido designada el 6 de diciembre último.
La renuncia de la ex integrante del directorio del Banco Nación fue rubricada a través de la resolución 15-E/2018, del Ministerio de Finanzas, que aceptó, “a partir del 29 de enero de 2018, la renuncia presentada por la Contadora Da. Mariana Haydeé Triaca al cargo de directora del Banco de la Nación Argentina”.
Además de Mariana Triaca, dimitieron Lorena Triaca, otra hermana del ministro de Trabajo, que era directora de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional; Octavio Frigerio, padre del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que integraba el directorio de YPF; Andrés Peña, hermano del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que renunció a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional Productivo, y Francisco Langieri Bullrich, hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y director de Gestión de Proyectos Sur en el Ministerio de Modernización.
A través del decreto 93/2018, publicado hoy en el Boletín oficial, el gobierno nacional oficializó la medida anunciada el lunes último por Mauricio Macri, de prohibir la designación de familiares de funcionarios en la administración pública nacional, en organismos descentralizados y en empresas de capital público.
“Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el sector público nacional, que tengan algún vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”, establece la normativa.
La medida abarca a “la administración central y los organismos descentralizados”, como la ANSeS; el INDEC, el Banco Central o empresas y sociedades del Estado, con capital o participación estatal total o parcial.
El decreto aclara que los empleados público alcanzados por la norma “deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018” y establece excepciones para las personas seleccionadas y designadas por concurso público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo.
“El gobierno nacional asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante”. De esta manera, la gestión de Macri justificó la iniciativa, entre los considerandos del decreto.
“Transcurridos dos años de gestión y efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos”, agregó.
