Jaime, sus trenes fantasma y un nuevo juicio oral

El ex secretario de Transporte está acusado de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y cohecho.

El juez federal Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral la causa contra el ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, por la compra, a España y Portugal, de trenes en mal estado e incompatibles con la vías ferroviarias locales.

El titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 10 entendió que las compras de trenes realizadas por Jaime “obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado nacional cuya administración le fuera confiada,generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

En su resolución, el juez argumentó que “la adquisición por parte del Estado nacional de material rodante cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario”, violó las “obligaciones del buen administrador”.

Por la compra de los trenes, Argentina pagó “un precio exorbitante”, señaló Ercolini, y detalló que al cambio argentino, la suma llegó a $306.108.878,86, en el caso de la operación hecha con las empresas españolas  EE, RENFE y FEVE. En el caso de la compra hecha a la firma de Portugal, Caminhos de Ferro Portugueses, la operatoria ascendió a  $99.976.197,7.

En su resolución, Ercolini resaltó que el material rodante adquirido por el Gobierno tenía “una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado, circunstancia de la que conduce a la sospecha de que grandes sumas de dinero pertenecientes a la administración pública fueron sustraídas de su esfera por el declarante o por interpósitas personas.”

Además de Jaime, la medida también alcanza a Manuel Vázquez, ex asesor ad honorem de la secretaría de Transporte; y Ricardo Testuri, ex representante del organismo. También llegará a juicio oral Ignacio Soba Rojo, un intermediario que acercó a la empresa Controles y Auditorías Especiales S.A para que realice tareas de consultoría que, según entendió el magistrado, posibilitó la maniobra fraudulenta en la compra de los trenes.