En marzo del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a avanzar hacia la convergencia entre las tarifas de los servicios públicos y los costos de producción y transporte de energía.
En 2016, los subsidios energéticos totalizaron 15.574 millones de dólares y, en 2017, se redujeron a 8.800 millones de dólares, como consecuencia de la actualización de las tarifas.
El presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, Jorge Lapeña, advirtió que es necesario transparentar los costos de producción del gas para analizar las estructura tarifaria. “Es el secreto mejor guardado”, advirtió, en diálogo con Diario Vivo.
El ex secretario de Energía de la gestión de Raúl Alfonsín explicó que el precio final de facturación está compuesto en un 28 por ciento por impuestos, sobre todo IVA; otro 32 por ciento por las tarifas de transporte y distribución y el restante 40 por ciento “corresponde al valor de la materia prima”, es decir del gas en boca de pozo.
Lapeña consideró inviable bajar los ítems correspondientes a impuestos y peaje, por lo que apuntó al valor de producción.
-¿Por qué no pueden disminuirse los impuestos o los gastos de transporte en la estructura tarifaria del gas?
-Los impuestos son difíciles de tocar porque son los ingresos que tiene el Estado para satisfacer sus propios gastos. Si los baja, tiene que ver cómo los reemplaza. La solución más fácil es bajar impuestos, pero es el problema que queremos resolver, que es el déficit. Los gastos de peaje están regulados y fueron controlados por el Estado en 2016, a través de un riguroso proceso que revisó los costos en los que la empresa incurre para el transporte y distribución de gas. Esto no me ofrece mayores dudas sobre cómo está calculado, lo puso en orden Cambiemos, con el proceso de reconversión tarifaria, hasta comienzos de 2017.
-¿Por qué hay que apuntar al costo de producción de gas y petróleo?
-El 40 por ciento del precio del gas no está determinado por un mercado competitivo ni transparente y, además, tiene una fuerte influencia corporativa, de la corporación petrolera, compuesta por unas pocas empresas, que no son más de cuatro; las 13 provincias petroleras, que cobran regalías por el petróleo, y los sindicatos petroleros, que defienden las fuentes de trabajo y los salarios. Hay que transparentar el mercado argentino para tener precios más competitivos. Argentina inventó el “barril criollo”, que mantuvo el precio del petróleo a 70 pesos, cuando en el mundo estaba a 40.
-¿Argentina tiene tarifas de servicios públicos caras o baratas, en comparación con otros países?
-Comparar con Uruguay no es procedente y es falaz porque, allí, el consumo de gas es muy marginal. Tampoco es posible comparar el precio del gas con cualquier lugar de EE.UU o la Unión Europea, porque hay mucha variación. Pero en nafta y gasoil, estamos caros.
Si partimos de la base de que tenemos una energía cara, no podemos competir en el mundo. El gasoil, sin impuestos, es más caro que en Europa y EE.UU. La competitividad está en eso también, en tener costos competitivos. Las grandes industrias tienen altos costos de producción y transporte y esa exportación corre con desventaja respecto del mundo. Hay que darle una solución al problema para no desalinearnos del mercado internacional.
-¿La principal distorsión en el precio del gas se produce en el costo de producción?
-Nadie sabe por qué las empresas no transparentan sus costos de producción. El secreto mejor guardado es cuánto cuesta producir el gas, a pesar de que los dueños son el Estado nacional y los estados provinciales. El Estado da en concesión la producción de la materia prima y no sabe cuál es el costo del gas en boca de pozo. Hay que revisar y transparentar todo.
-¿Por qué, siendo dueño de YPF, que es la mayor petrolera del país, y teniendo como ministro de Energía a un hombre que conoce el sector petrolero, el Estado nacional no transparenta el costo del producción del gas?
-Si el Estado tiene el 51 por ciento de la empresa petrolera más grande y pone a los funcionarios de cada área, entonces hay otro problema. Es como un médico que saca la radiografía y no hace nada.
-¿En qué momento se comenzó a desvirtuar la política energética del país?
-Estamos pagando las consecuencias de dos malas decisiones estratégicas de los últimos 25 años. Primero, la privatización total e indiscriminada de YPF, en el 92, lo que generó problemas en el abastecimiento energético, que estamos viendo ahora. Después, el congelamiento tarifario.
