La legislación porteña, sancionada en agosto del año pasado, que prohibió el cobro de comisiones inmobiliarias por los contratos de alquiler, genera un nuevo reclamo del sector.
El Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA) y el Centro de Corredores Inmobiliarios encabezan, desde las 13, una protesta en la sede judicial ubicada en Avenida de Mayo 654, donde presentaron la demandas en contra de la normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las entidades que agrupan a los operadores inmobiliarios solicitan la derogación de la Ley 5.859, sosteniendo que viola el Código Civil y que está provocando el cierre de pequeñas inmobiliarias.
“Queda expresamente prohibido en las locaciones de inmuebles con destino habitacional, en los que el locatario sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación. La prohibición resulta extensiva a los honorarios por administración de dichas locaciones”, establece el artículo 2 de la ley 5.859.
“El no poder cobrar honorarios a los inquilinos provoca prácticamente el cierre de pequeñas inmobiliarias que viven gracias a la celebración y administración de alquileres. De las 7.000 inmobiliarias que hay en Capital, el 90% son unipersonales“, denunció Armando Pepe, titular de CUCICBA, en declaraciones a la agencia de noticias Télam.
“El tema está en manos de la justicia”, indicó Pepe, que recordó que la causa se abrió el 21 de noviembre.
La normativa establece que, en los casos de alquiler de vivienda, la comisión sólo se le puede requerir a los propietarios y “el monto máximo de comisión será el equivalente al 4,15 por ciento del valor total del respectivo contrato”.
La ley también impide a las inmobiliarias cobrar a los inquilinos que sean personas físicas “gastos de gestoría de informes” sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones del inmueble objeto de la operación.