El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió elevar a juicio oral al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a los empresarios detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa que investiga la retención indebida de casi 9.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles, entre mayo de 2013 y diciembre de 2015.
En un dictamen entregado al juez del caso, Julián Ercolini, el fiscal del caso reclamó juzgar a los tres acusados por “defraudación por administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”, según consignó la agencia de noticias Télam.
Pollicita acusó a Echegaray de ser “coautor” de la maniobra y a los socios del Grupo Indalo de “partícipes necesarios”.
“Echegaray, desde su rol como máxima autoridad del organismo fiscal, con funciones y facultades de dirección, permitió por acción en algunas oportunidades y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento, gestión, otorgamiento y control de los regímenes de facilidades de pago solicitados por la firma Oil Combustibles S.A., lo cual redundó en que dicha firma se valiera indebidamente y de forma sistemática de sumas millonarias correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y produjera su propia descapitalización al utilizarlas para financiar a otras empresas del Grupo Indalo“, acusó Pollicita en su dictamen del viernes, difundido hoy.
El fiscal sostuvo que López y De Sousa “se valieron de los fondos estatales para fondear a otras empresas del Grupo Indalo, generando su propia descapitalización y transformando en irrealizable el cobro del crédito millonario del fisco”.
“Para articular dicho plan criminal y sostenerlo durante más de cuatro años, fue necesaria la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de funcionarios públicos, como así también de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa y sus colaboradores en el conglomerado empresarial”, concluyó el fiscal.
Pollicita pidió a Ercolini que haga efectivo el embargo trabado sobre los tres acusados y sobre las empresas beneficiadas con la maniobra. También pidió “el secuestro, depósito y administración judicial de los bienes muebles, así como también, ordene la tasación de la totalidad de los activos individualizados”
Una vez que el juez Ercolini concluya con el trámite para el cierre de la investigación, dará vista a las defensas de los acusados para que se pronuncien sobre la elevación de la causa a juicio oral.
(Con información de Télam)
