La Corte Suprema de Justicia desestimó por unanimidad el pedido de los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, quienes solicitaron que la ex presidenta María Estela Martínez de Perón sea llamada a declarar por el Operativo Independencia, que comenzó en Tucumán en 1975 y se extendió luego durante la última dictadura militar.
En un dictamen que contó con la adhesión del fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Ricardo Wechsler, Camuña y Rovira habían solicitado que la viuda del tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón, fuera citada como “participe necesaria” de graves violaciones a los derechos humanos.
Los fiscales sostuvieron que Isabel –tal el sobrenombre con el que era conocida Martínez de Perón- dio una orden cuyo cumplimiento “no controló”. Isabel, quién ocupó la Presidencia después de la muerte de Perón y derrocada en 1976, tiene 86 años y reside en España.
El Operativo Independencia fue un ensayo de lo que después sería la represión militar encarada por el gobierno de facto a partir de 1976. La medida impulsada por Martínez de Perón representó la entrada en acción del Ejército argentino contra el movimiento obrero, sobre todo los trabajadores azucareros. Bajo su órbita también desplegaron su violencia la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Federal y provincial, y agentes de inteligencia.
Se estima que como consecuencia del Operativo Independencia, 659 perosnas fueron secuestradas y desaparecidas, aunque otras versiones indican que entre 800 y mil personas fueron fusiladas por las fuerzas represivas.
