El Hospital Gosport War Memorial, ubicado en el condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra, “acortó la vida” de más de 450 pacientes a través de un “régimen institucionalizado” de prescripción y administración irregular de opiáceos, reveló hoy una investigación independiente conducida por un ex obispo.
El informe indica que otros 200 pacientes también se vieron afectados por esta práctica que el hospital público desempeñó desde el año 1989 hasta el 2000, según consignó la agencia EFE.
La primera ministra británica, Theresa May, calificó hoy en el Parlamento las averiguaciones como “trágicas y muy preocupantes” y expresó sus disculpas a los familiares por el tiempo que han tenido que esperar para obtener “respuestas”. Para May, las conclusiones extraídas de la investigación deben causar “una angustia inimaginable a las familias involucradas”, pero es una cuestión “de la que el Parlamento debe ocuparse”.
En el Hospital Gosport War Memorial existía “menosprecio por la vida humana y una cultura de acortamiento de vidas”, señala el informe, elaborado a partir del estudio de más de un millón de documentos desde 2014 y que dirigió el ex obispo de Liverpool James Jones.
La investigación concluyó que hubo “un régimen institucionalizado de prescripción y administración de peligrosas dosis de combinaciones de medicamentos, que no estaban clínicamente justificadas, con pacientes y familiares sin capacidad para interactuar con el personal sanitario”.
A través de los documentos examinados, los investigadores hallaron evidencia de “uso inapropiado de opiáceos en 456 pacientes” y, basándose en historiales clínicos desaparecidos, apuntaron que habría “otras 200 personas afectadas”. La Policía del condado de Hampshire, la Fiscalía y las autoridades médicas “fallaron y no actuaron correctamente para proteger a los pacientes y sus familiares”, asevera el documento.
En tanto, Jones manifestó hoy que “no corresponde al panel determinar ninguna responsabilidad penal en caso de que cualquier proceso judicial futuro determine culpables” pero señaló a la doctora Jane Barton como “responsable”.
En 2010, el Consejo General Médico (GMC, por sus siglas en inglés) determinó que Barton, ya jubilada, era “culpable de múltiples casos de mala conducta profesional relacionados con la muerte de 12 pacientes”, aunque la médica no fue juzgada ni se le retiró la licencia médica, sino que dejó la profesión tras enfrentar la acción disciplinaria.
Durante los doce años que trabajó en el hospital, Barton, de 70 años, firmó 854 certificados de defunción de pacientes y, de ellos, el 94 por ciento recibió opiáceos.
El ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, aseguró que “la Policía examinará cuidadosamente el nuevo material que aporta el informe, antes de determinar los próximos pasos a seguir y, en particular, la posible carga penal”.
(Télam)
