El martes 3 de julio comenzará el debate en el Senado sobre el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, en las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales, a cargo de Mario Fiad, Pedro Guastavino y Dalmacio Mera, respectivamente.
El primer encuentro del plenario de senadores se realizará desde las 17, en el Salón Illia, con el fin de establecer un esquema de trabajo hasta el día de la sesión, acordada para el 8 de agosto.
“La primera preocuapción es que sea un debate serio, responsable y respetuoso. Realmente, oír lo que el otro dice y construir una cosa en común. Entonces, tomamos una decisión, que fue sacar las intolerancias para construir con tranquilidad. Algunos querían que se votara al 12 de julio, con dos comisiones y nada más. Finalmente, decidimos hacerlo el 8 da agosto, para poder hacerlo con tranquilidad y seriedad”, confirmó el presidente provisional del Senado, el senador del PRO Federico Pinedo, en declaraciones a radio Mitre.
“Se van a reunir las comisiones la semana que viene, que seguramente van a decidir las instituciones que van a hablar, que podrían ser tantas como cien”, agregó.
Además del proyecto que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados desde el 14 de junio, se incorporará al temario la propuesta de Pinedo, que modifica el artículo 88 del Código Penal “respecto de los atenuantes para los casos de aborto”.
También se incorporará el proyecto presentado ayer por el senador del Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra, para desburocratizar los trámites de adopción para la “protección de la mujer con embarazo no deseado” y uno de la fueguina Miriam Boyadjian, que propone la “contención de madres embarazadas y el niño por nacer”.
El escenario que se presenta por estas horas en la Cámara alta respecto del proyecto no está únicamente polarizado sólo entre los senadores que se manifiestan a favor o en contra de la norma, sino que están los que buscan introducir modificaciones al texto original, lo que implicará que la iniciativa deba volver a tratarse en Diputados. En ese caso, la Cámara baja deberá aprobar las modificaciones con mayoría simple o insistir en el proyecto original, con los dos tercios del pleno.
También están los senadores que sólo avalan la despenalización y no el “aborto libre”.
“Veo que hay tres corrientes, pero percibo que habría una mayoría de senadores que piensa que es difícil que la sanción que viene de Diputados quede como está”, anticipó Pinedo.
“Somos muchos los que creemos que no es los mismo que el Estado no meta presa a una mujer, que que el Estado legalice el aborto. Además, hay una despenalización casi abierta después de las 14 semanas. El tema de la objeción de conciencia, por la que te tenés que inscribir en un registro, y que después no podés cambiar, son cosas extremistas o inconstitucionales”, sostuvo el senador del PRO, que ya se manifestó contra la iniciativa de legalizar el aborto.
“Entiendo las situaciones dramáticas. Me parece que hay que entender esto y buscar caminos de acompañamiento. Pero no es un Boca – River, pido que respeten los valores que yo tengo y tiene un montón de gente”, agregó.
Sobre la legalización del aborto, que obliga al Estado a garantizar los recursos para la realización de la práctica, Pinedo advirtió: “Los matices de la discusión son quién se va a hacer cargo de esto, quién se va a hacer cargo de los países vecinos. Son miradas que hay que poner arriba de la mesa”.
Pinedo reveló que el presidente, Mauricio Macri, le encomendó que dijera que hay libertad de conciencia.
“Me dijo que diga, con toda contundencia, que ningún senador, vote por A por B, tiene un mandato del gobierno. Que cada uno se haga responsable de lo que diga”, aseguró.
PINEDO SE MOSTRÓ “OPTIMISTA” CON APROBAR EL PROYECTO DE “EXTINCIÓN DE DOMINIO”
Federico Pinedo se mostró confiado en que el proyecto de ley de “extinción de dominio”se tratará antes de fin de año, cuando vence el estado parlamentario.
La iniciativa, con media sanción de la Cámara de Diputados, busca que el Estado pueda recuperar los bienes que sean producto de la corrupción.
“Creo que vamos a poder discutir ese tema en la segunda mitad de este año. Soy relativamente optimista. Básicamente establece que, en casos de delitos graves, no cualquier delito, un juez civil puede hacer un juicio aparte y vender los bienes. Ese es el objetivo, lo que no está claro es cuando se gatilla esa posibilidad mientras son investigados, porque no están declarados culpables”, explicó Pinedo, en radi Mitre.