La dirigente del GEN Margarita Stolbizer se presentará como “amicus curiae” (amigos del tribunal) de las investigaciones judiciales iniciadas por las presuntas irregularidades descubiertas en los aportes de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, de 2015 y 2017.
La presentación la realizará ante el juzgado del juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa por lavado de activos, para poder aportar nuevos casos de falsas contribuciones al expediente.
“Vengo a presentar nuevos casos de ciudadanos argentinos que figuran como aportantes para la campaña de los años 2015 y/o 2017, correspondiente a la coalición Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires y que dicen desconocer haber realizado cualquier aporte dinerario”, sostiene el texto presentado por Stolbizer.
La líder del GEN aportó registro de irregularidades en las ciudades de Olavarría, Monte Hermoso, General Villegas, Azul, Saladillo, Chacabuco, Ramallo, San Fernando, General La Madrid, Luján y Morón.
Entre los aportantes figuran dueños de pequeñas y medianas empresas, trabajadores y beneficiarios de planes sociales.
Según la Asociación Civil Bajo la Lupa, que dirige Stolbizer, están los casos de candidatos de la lista de Cambiemos, cuyo aporte variaba según el cargo al que aspiraba o sus chances de conseguirlo; empleados municipales de distintos distritos de la provincia; los beneficiarios de planes sociales que aparecen incluidos como afiliados y/o aportantes, como si las personas no hubieran tenido conocimiento de esa situación.
“Personas que figuran aportando para solventar la campaña de diferentes candidatos, esconden dinero negro. No solo se utiliza la identidad de ciudadanos que no prestaron su consentimiento ni aportaron un solo centavo. Esta maniobra esconde una compleja estructura de corrupción”, apuntó.
En declaraciones radiales, Stolbizer indicó que entre los aportantes descubiertos por ella, hay empleados de una empresa de seguridad contratada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La líder del GEN precisó que, en algunos casos, “se trata de empresarios que desean solventar las campañas electorales por encima de los límites legales” y, en otros, hay “dinero sucio proveniente de la corrupción, devolución de favores relacionados con obra pública”.
