El empresario Aldo Roggio, uno de los empresarios incorporados como imputados colaboradores a denominada “causa de los cuadernos”, declaró ante juez federal Claudio Bonadio que entregó sobornos al ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta para la campaña electoral y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, por la concesión de la empresa Metrovías.
“Presumo que el dinero entregado a Baratta era para alguien más, presumo que era con el visto de (Julio) De Vido”, señaló Roggio, según consta en la extensa resolución que firmó el magistrado, donde dictó 42 procesamientos, entre ellos el de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández.
El empresario, que semanas atrás renunció a la presidencia de sus empresas Clisa y Benito Roggio e Hijos, aseguró: “Se me dijo que era para la campaña electoral, sólo puedo presumir que era, quizás también, para otra cosa, pero a mí no me consta”.
Bonadio también dejó constancia de que Roggio declaró que “debió acceder de efectuar pagos” por unos 3 millones de dólares a Jaime para obtener la concesión de la empresa encargada de la administración del subte.
“En Metrovías, se debió acceder a la exigencia de efectuar pagos al secretario de Transporte Ricardo Jaime, por expreso pedido que él le efectuara, en forma personal, en su despacho, al inicio de su gestión”, indica el registro del magistrado.
“Presumo que los superiores de Jaime conocían la operatoria, habiéndosenos impuesto un porcentaje del 5 por ciento de los pagos recibidos al respecto”, indicó Roggio.
Los pagos, según consta en la declaración del empresario, se hacían en “dinero en efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la persona del secretario de Transporte”.
Roggio aseguró que su empresa fue presionada a pagar sobornos “hasta el límite”.
“No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia, habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades”, enfatizó.
“Licitamos obras y algunas pocas hemos ganado por precio en libre competencia. En la ejecución de esas obras sentimos el rigor de no haber aceptado las condiciones señaladas, habiéndose demorado por plazos extensos el pago de certificados, redeterminación de precios”, agregó el empresario.
“Nunca nos pagaron los intereses que manda la ley, obligándonos a tener reconocimientos monetarios para la política para sortear estas dificultades. Los ejecutores de este apriete fueron De Vido, López, Baratta, Uberti, habiendo, cada uno y en distintas oportunidades, exigido esos aportes como forma de superar estos problemas”, precisó.
“Estos aportes, en realidad, no representaban un porcentaje determinado de la obra en cuestión, sino que nos eran exigidos puntualmente. La persona que recibía estos pagos era (Ernesto) Clarens, habiendo dispuesto estos pagos cuando la situación financiera de las obras se volvía insostenible. Aproximadamente, las entregas de dinero fueron del orden de 100.000 dólares por vez, o su equivalente en pesos, estimando que todos ellos no habrían superado la suma de 3.000.000 de dólares”, explicó el empresario.
Roggio está procesado, junto con los otros 41 imputados, por asociación ilícita para el desvío de fondos públicos destinados a la obra pública. Bonadio lo procesó con prisión preventiva, pero no quedó detenido por el acuerdo que hizo como “imputado colaborador”.
