La defensa de Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner detenido desde el lunes en Río Gallegos acusado de entorpecer la investigación en la causa “Los Sauces”, apeló hoy a la Cámara Federal en busca de que ese tribunal disponga la excarcelación de su cliente por entender que no hubo “obstrucción” a la Justicia.
Incluso, la defensa busca que una vez que Manzanares esté libre se investigue al juez Claudio Bonadio por una “restricción de la libertad absolutamente ilegal”, indicaron fuentes judiciales, según consigna la agencia DyN.
El abogado Carlos Beraldi -defensor de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y también de Manzanares- presentó hoy un recurso de apelación con la intención de que la Cámara Federal revise la negativa de Bonadio para liberar al contador.
El caso será resuelto a la brevedad por la sala de feria de la Cámara Federal, luego de que Bonadio eleve la apelación y se fije una audiencia: esta semana los jueces a cargo son Martín Irurzun y Jorge Ballestero; la semana próxima estará Ballestero pero su colega será Eduardo Freiler.
Freiler está cuestionado por su presunta parcialidad desde el Gobierno -a través de la Unidad de Investigación Financiera- y por la diputada Margarita Stolbizer, denunciante y amicus curiae en el expediente.
Manzanares fue arrestado el lunes pasado en Río Gallegos cuando Bonadio estableció que el contador le habría enviado una nota a los inquilinos de la sociedad “Los Sauces” que depositan sus alquileres en una cuenta del ex gobernador Carlos Sancho, socio de la inmobiliaria del diputado Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice.
Se sospecha que se habría querido eludir las cuentas embargadas por la justicia en el marco de los procesamientos e inhibitorias de bienes dictados por el magistrado. En base a ello, Bonadio dispuso el arresto y convirtió en prisión preventiva el procesamiento que ya pesaba sobre el contador como presunto organizador de una asociación ilícita que habrían encabezado la ex presidenta y su hijos, y que habría incurrido en el delito de lavado de activos. Sin embargo, la defensa de Manzanares negó la acusación y reclama la libertad.
“Cualquier consideración sobre obstrucción a la acción de la justicia, entorpecimiento de medidas cautelares o continuación de actividades delictivas atribuibles a mi defendido, resultan descabelladas y sólo pueden ser entendidas como parte de la gigantesca maniobra de persecución y hostigamiento que he denunciado en mis anteriores presentaciones”, sostuvo Beraldi en el escrito que deberá analizar la Cámara.
Según planteó, “en esa medida, la restricción de libertad impuesta al contador Manzanares resulta absolutamente ilegal y, oportunamente, deberá ser objeto de una debida investigación”. “No es ocioso señalar que los bienes del condominio, en muchos casos, habían sido adquiridos por el ex Presidente Kirchner hace más de dos décadas, incluso cuando ni siquiera era funcionario público”, añadió.
Y sostuvo el recurso que “sobre tales inmuebles no existe ninguna sospecha de origen ilícito; es más, fueron objeto de investigación en tres procesos judiciales que ya han finalizado con el dictado de sobreseimiento por inexistencia de delito, los cuales se encuentran firmes”.
Beraldi afirmó que la conducta desarrollada por Manzanares “se ajusta estrictamente a lo que debe hacer cualquier persona razonable: seguir ocupándose de que los locatarios de los inmuebles continuaran pagando los alquileres debidos y no se le generara al condominio perjuicios innecesarios. Ese es el sentido de la nota de fecha 7 de junio del corriente año que, con la peor mala fe, ha sido tergiversada en la causa”. “Si se querían sustraer los alquileres o construir lo que la prensa califica de ‘by pass’, los pagos hubiesen sido recibidos en efectivo o bien desviados a una cuenta bancaria de un extraño que no tuviera relación alguna con el condominio. Precisamente ocurrió todo lo contrario, los cobros se siguieron bancarizando para ser depositados en la cuenta de quien resulta ser legítimo apoderado de los copropietarios de los inmuebles”, añadió.
Además, planteó que el propio fallo de procesamiento dice que la banda que habría encabezado la ex presidenta venció “el 14 de diciembre de 2016” y “sería bastante ridículo sostener que tal supuesta asociación continuó llevando a cabo maniobras delictivas a la par que esta causa sigue tramitando”.
