El fiscal Sebastián Scalera insistió en el pedido de detención preventiva del secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones y vicepresidente del club Independiente, Pablo Moyano.
El fiscal también lo citó a indagatoria y recusó al juez Luis Carzoglio, que la semana pasada rechazó el requerimiento de prisión preventiva que había hecho Scalera.
En su nuevo requerimiento, el fiscal insistió que hay elementos para acreditar la sospecha de que Moyano lideraba una asociación ilícita con dirigentes y barra bravas de Independiente, destinada a “defraudar al club mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos”.
“Ese grupo de sujetos violentos obtiene determinados beneficios del club Independiente (entradas, protocolos, cuotas sociales, ingreso al estadio, viajes, etcétera), que permiten la conservación de la estructura ilícita y su constante actividad al margen de la ley”, agregó el fiscal en su dictamen.
Según Scalera, la estructura de fraude “jamás podrían desarrollarse sin la connivencia, autorización o beneplácito de las autoridades dirigenciales superiores del club”. En este sentido, el fiscal afirmó que los barras no podían actuar aisladamente y que los dirigentes del club no podían ser “simples extorsionados”, sin “responsabilidad, rol e intervención”.
Scalera sostuvo gran parte de su hipótesis de investigación en las escuchas de las conversaciones telefónicas, muchas de ellas cuestionadas por el juez por ser anteriores al inicio de la causa.
“Se invoca claramente a Moyano dando consentimiento en muchas acciones”, sostuvo el fiscal para defender la prueba.
Tal como anticipó la semana pasada, el fiscal pidió el apartamiento de Carzoglio, cuestionado por el fallo en que rechazó el pedido de detención contra Pablo Moyano.
Scalera sostuvo que hay riesgo de parcialidad en la actuación del magistrado y rechazó el pedido de detención.
