El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que el actual diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido, sea sometido a juicio oral por el “negociado” de “la compra de chatarra” ferroviaria a España y Portugal, en 2004 y 2005.
Fuentes judiciales informaron que el funcionario del Ministerio Público requirió lo mismo para Carlos Retuerto Castaño, ex subgerente de Inversiones de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que inspeccionó en España y Portugal el estado del material antes de su compra.
Delgado acusó a ambos del delito de “defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública” y precisó que pagaron casi 102 millones de euros por “material ferroviario en malas condiciones.
“Se escogió comprar material usado, con la idea de que en los talleres de nuestro país se los pusiera en condiciones de funcionamiento. De ese modo se creaba empleo y se mejoraban los trenes. Pero en vez de eso, intencionalmente, se compró chatarra en mal estado, se pagó peor y no se creó empleo. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas”, argumentó.
El fiscal reprodujo un informe de la sección de Ingeniería de Técnicas Ferroviarias que en 2005 dictaminó que “el estado de los coches que no era bueno, que presentaban gran deterioro y faltantes”, “que algunas ruedas estaban muy gastadas”; “que a los frenos, convertidores y equipos de aire acondicionado les faltaban de componentes”.
También consignó “que algunos coches estaban muy oxidados y necesitaban la sustitución de grandes paños”; “que las ventanas requerirían reparación de abolladuras, golpes y recuperación fuerte de marcos, cristales y mecanismos”; y “que las puertas de acceso e intercomunicación y fuelles requerirían una gran intervención”.
Delgado admitió que “la participación de Julio Miguel De Vido es más difícil de ver de entrada” porque sus “firmas son escasas”, no obstante aseguró que “surge con nitidez” cuando se observa que “la delegación administrativa de funciones” que hizo en “la CNRT”.
De Vido pudo, prosiguió, “concentrar el poder de gobierno de los sucesos y descargar la responsabilidad administrativa en sus subordinados” y, a la vez, “controlar cada paso de la maniobra y formalmente aparecer en la escena lo menos posible”. Y respecto a Retuerto Castaño afirmó que “fue quien inspeccionó y confeccionó informes sobre el material que adquirió el Estado” y “desarrollo actos decisivos que permitieron los pagos anómalos”, por lo que la Auditoría General de la Nación “fue lapidaria con su trabajo y lo calificó de inconsistente en términos técnicos y económicos”.
