El jefe del bloque del PJ-Frente para la Victoria del Senado, Miguel Ángel Pichetto, confirmó hoy que el proyecto para castigar a las personas jurídicas por delitos contra la administración pública que aprobó Diputados será modificado para que la norma “sea coherente y sirva al Estado para investigar”.
El jefe del principal bloque opositor fijó, de esta manera, posición respecto del texto que aprobó Diputados el 5 de julio con importantes cambios introducidos en medio del debate en particular que fueron aceptados por el interbloque Cambiemos por la necesidad de conseguir los votos para darle media sanción.
Las incongruencias en el articulado que saltaron después hicieron que la Cámara baja demorara varios días en girar el texto al Senado para su revisión.
Durante una segunda reunión de consulta con jueces y fiscales realizada por la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Pichetto consideró “un verdadero mamarracho asimilar los delitos contra la administración pública a los delitos de lesa humanidad”, ya que un artículo agregado en Diputados a instancias del Frente Renovador dispuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
“Si la necesidad de la sociedad es lograr resultados más rápidos, estamos consolidando procesos que durarán 30 años, hasta el fin de la vida del imputado”, advirtió Pichetto, por lo que afirmó que “éste es un tema que va a ser revisado. No resiste análisis” porque “estos delitos ya tienen la prescripción en el Código”, recordó.
El senador por Río Negro también manifestó su rechazo a que se asimile “la malvesación al cohecho” y citó el caso de intendentes que suelen mover partidas para cubrir baches administrativos sin que ello implique la comisión de delito.
Los senadores, además, tienen bajo la lupa el artículo primero de la norma, que extendió –en contra de lo que establecía el dictamen de mayoría que en Diputados firmó el interbloque Cambiemos- a las personas jurídicas los delitos que alcanzan a las personas físicas.
Al respecto, el fiscal general de la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Saénz, sostuvo que “es mejor que el artículo 1 vuelva a la versión del dictamen de mayoría” porque explicó que “no distinguir los delitos implica que toda la ley es aplicable a todos los delitos”. Saénz cuestionó, por otra parte, la elevación de las penas para que no sean excarcelables y coincidió con Pichetto y otros expositores en que “la imprescriptibilidad no es una buena medida para esta norma” porque asimila los delitos contra la administración públicos a los delitos contra los derechos humanos”.
