Después de “Panamá Papers” y “Los Cuadernos de las Coimas” llega “The Implant files”, la nueva trama de corrupción que promete dar que hablar a profesionales de la salud, ciudadanos, legisladores y jueces. Gracias a una producción de más de un año, con la participación de 252 periodistas y especialistas en datos de 59 organizaciones de noticias en 36 países, se diagnosticaron irregularidades globales en la compra de insumos médicos que afectan el destino de miles de vidas humanas y miles de millones de dólares.
El estudio se basó en entrevistas y testimonios de empleados de empresas, funcionarios gubernamentales, pacientes, médicos y expertos. Además incluyó exámenes de miles de páginas de registros judiciales y de empresas, informes regulatorios, auditorías gubernamentales, registros de cabildeo, transcripciones de llamadas de analistas, artículos de revistas médicas, entre otros documentos. De esta manera, se obtuvo una radiografía que sirve para transparentar el sistema de Salud y mejorar la eficiencia de la inversión.
Como era esperable, la Argentina también fue protagonista de este estreno mundial. Por un lado un equipo Argentino, integrado por Mariel Fitz Patrick (Infobae); Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación); Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli (para Perfil), participó del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) que elaboró “The Implant Files”. Por otro lado, se recopilaron 16 cajas con documentación sustanciosa que podrían probar sobornos y sobreprecios en el país.
Este informe cae en un contexto local muy particular. “Hay una crisis importante en el sector prestador y financiador, para el sector público fue también un problema la devaluación y la suba de costos”, reconoció el Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein (en diálogo con La Nación). Esta crisis se agudizó profundamente el último año. “Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 los insumos médicos aumentaron entre y un 60 y un 100 por ciento por la devaluación”, dice Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Consultorios Privados (ADECRA). Si a esto le sumamos los costos por el ajuste de paritarias e integramos el análisis de CEDIM (prestadores de prácticas de diagnóstico) el alza de costos unificado es de 67,8 por ciento entre enero de 2018 y febrero de 2019, con el último tramo previsto de aumento salarial. Este número supera el 40,5 por ciento que recibieron de aumento los afiliados a las prepagas, que cada vez sufren más esta boleta y lógicamente reclaman más prestaciones para justificarla.
Es significativo que aunque los salarios tienen una participación decisiva de las erogaciones del sector (entre un 60 y un 65 por ciento) no es la variable que más aumento. Los principales aumentos se dieron en inversiones (130%), insumos para imágenes (121%) y descartables (117%). Estos números muestran dos cosas. Por un lado, reflejan la pérdida de poder adquisitivo de los salarios (que en el sector y en general aumentaron menos que la inflación) que no permite trasladar todo el aumento sin que caigan usuarios del sistema privado al público (también castigado por la crisis). Por otro lado, señala un costo de insumos inflado artificialmente por el “gasto basura”, que va desde la convivencia de gastos irracionales (ineficientes o desmedidos) hasta fraude y corrupción.
“Los incentivos que determinadas empresas de prótesis traumatológicas, cardiológicas, y algunas prácticas medicas que se ponen de moda, entregan a profesionales para que se recomiende una marca comercial determinada, se hacen a expensas del costo del sistema de salud. Lo terminamos pagando entre todos. No es que las empresas son buenas y regalan. Lo ponen en el precio que después terminan pagando el hospital público, la obra social o la prepaga”, advirtió Graciela Ocaña, la diputada nacional de Cambiemos que impulsa una Ley para que las empresas deban transparentar estos incentivos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la Physician Payments Sunshine Act de 2010 que obliga a revelar el pago de empresas a médicos. En 2017, las 10 compañías más grandes de dispositivos médicos declararon pagar casi USD 600 millones a los médicos u hospitales. La evidencia indica que estos pagos tienden a aumentar en marcos regulatorios más flexibles (como en la Argentina) donde no se moderan los incentivos con sistemas de fiscalización y control.
De hecho, existen al menos tres escándalos admitidos por grandes empresas de EEUU en el escenario argentino. Biomet, de prótesis traumatológicas y dispositivos ortopédicos, admitió pagos ilegales en efectivo a médicos de hospitales públicos disfrazados de “comisiones” u “honorarios de consultoría”, que representaban entre un 15 y un 20 por ciento del valor de los productos. Olympus Latin America Inc –la mayor distribuidora de endoscopios y equipos afines de EEUU- admitió pagó de sobornos “dinero en efectivo, transferencias de dinero, viajes personales, equipos gratuitos o a precios muy rebajados, y otras cosas de valor”. Stryker Corporation, otra multinacional norteamericana dedicada a la venta de dispositivos confesó haber pagado sobornos por casi un millón de dólares (USD 966.500) a médicos de hospitales públicos de Argentina entre 2005 y 2008.El pago de las multas asociado a estas pequeñas confesiones no es un costo que ponga en jaque al gran negocio. Por ejemplo, Olympus Latin America acordó pagar una multa de USD 22,8 millones para desestimar las imputaciones de sobornos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Las coimas pagadas le habían permitido ganar más de USD 600 millones y obtener beneficios brutos de más de USD 230 millones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sacando cuentas, resulta razonable que los empresarios contemplen con cinismo este 10% de multas en su columna de pasivos. Pero ¿cómo consideran las vidas humanas que se pierden cuando se venden a fuerza de “incentivos” productos no debidamente probados utilizando a los pacientes humanos como conejillos de indias?
Veamos el caso del más malo de la película en “The implant files”: Medtronic. Cuentan que en 2008, las ganancias de esta empresa caían, luchaba contra juicios por un dispositivo cardíaco defectuoso, pesaban acusaciones de haber sobornado a médicos de toda Europa y defraudaciones a un programa de salud de Estados Unidos. Pero el gigante no se achicó y se abrió camino mediante sutiles trabajos de escritorio, lobby, compromisos de integridad y pago de multas bien negociadas. Desde entonces el valor de mercado de Medtronic creció de 28 mil millones a 125 mil millones. Hoy sus ganancias están en la cima, duplicando ingresos anuales a $ 30 mil millones, lanzando cientos de productos y abriendo oficinas en más de 160 países. Sin embargo, su fama ética está por el piso. Los gobiernos de los cuatro continentes la acusan de uso no autorizado de productos, fraude a programas de salud, fijar precios, pagar a los médicos estudios favorables y conducta anticompetitiva.
Medtronic no se inmuta, niega todas las irregularidades, dice que cumple estrictamente con las leyes anticorrupción y paga los millones necesarios de abogados o indemnizaciones. “The implant files” revela que solamente en EEUU desde 2008 hasta 2017, se identifican 9,300 muertes y 292,000 lesiones relacionadas con productos fabricados por Medtronic o sus subsidiarias. En 2017, uno de cada cinco informes de eventos adversos de dispositivos médicos está vinculado a Medtronic (más del doble que otros competidores). Informes presentados ante autoridades de Japón, Noruega y Australia también ubicaron a Medtronic entre los fabricantes con más eventos adversos.
Tal vez los mismos cínicos que manifiestan puertas adentro que el pago de multas es “el precio de hacer negocios”, crean que estas muertes son el precio que hay que pagar para salvar otras miles de vidas con sus tecnologías. A ellos, los que piensan la salud con la calculadora en la mano, es inútil explicarles el valor de la vida humana. Tal vez sea más útil apelar a la vocación de servicio de los médicos argentinos, actores fundamentales de esta cadena, para moderar el sistema de incentivos. Ellos sabrán entender que el dinero mal destinado termina costando vidas. Tal vez también sea conveniente dar a conocer la problemática al público en general y exigirle a los legisladores una ley sólida para transparentar este asunto.
Fuentes: ICIJ, La Nación, Infobae, Diario Perfil
