El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido realizado ayer por el fiscal Gerardo Pollicita, que requirió la indagatoria del actual ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en el marco de la causa que investiga irregularidades en el acuerdo del entre Correo Argentino y el Estado Nacional por la cancelación de la deuda de la empresa por el canon adeudado desde 2001.
“Existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo fue espuriamente concebido”, sostuvo el dictamen elevado ayer a Lijo. “Buscó beneficiar a la empresa concursada”, agregó.
La citación para Aguad es para el 28 de febrero próximo. El entonces director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, fue citado para el 19 de ese mes. También fueron citados el ex presidente del directorio del Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el letrado patrocinante, Jaime Kleidermacher.
Los imputados están acusados de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública”.
La causa se originó en febrero de 2017, por una denuncia sobre la audiencia celebrada en junio de 2016, en el marco del concurso preventivo de Correo Argentino, en que se firmó un acuerdo de pago perjudicial para el patrimonio público. El acuerdo de cancelación de la deuda de la empresa con el Estado Nacional implicó una quita de 70.163.910.895 pesos.
“Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios y acordó con los representantes de Correo Argentino una quita abusiva del crédito verificado por el Estado Nacional”, denunció el fiscal.
Según Pollicita, el acuerdo “comprometió abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y, para entonces, negado hacía aproximadamente quince años”.
El fiscal también cuestionó el “trámite concursal” de Correo Argentino. “La concertación de voluntades cuestionada, por la que deberán dar explicaciones las personas involucradas, fue en buena medida posible por la existencia previa de un desnaturalizado trámite concursal”, sostuvo.
Pollicita sostuvo que el trámite concursal hizo que “intereses particulares se colaran en el proceso de toma de decisiones gubernamentales, en detrimento de la administración pública”.
