La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) y la CTA se sumaron a los rechazos a la iniciativa oficial de bajar la edad de imputabilidad.
Ajunaf criticó el proyecto que propicia el Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil, y evaluaron que esa eventual reforma “no puede reducirse solamente” a una baja de la edad de punibilidad, con el objeto de dar una “respuesta demagógica” a la “seguridad ciudadana”.
“La Ajunaf se opone a la baja de la edad de punibilidad sin que previamente se introduzcan por parte del Poder Ejecutivo políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales y culturales- de toda la infancia y la adolescencia”, expresó la asociación.
Además, los magistrados y funcionarios resaltaron que cualquier reforma debe contemplar los “derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral, y salud a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.
Por su parte, la CTA -Autónoma, que encabeza Pablo Micheli, consideró que la iniciativa del Gobierno, que incluye bajar la edad de imputabilidad de los menores a 15 años, “viola tratados internacionales como lo la Convención Internacional de la Niñez y la Adolescencia”.
“Ante este nuevo intento de criminalizar la niñez y la pobreza, la CTA Autónoma manifiesta su completo rechazo a cualquier pretensión de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, medida que viola tratados internacionales como lo es la Convención Internacional de la Niñez y la Adolescencia”, expresó la central gremial en un comunicado.
La entidad sindical, juzgó que la iniciativa del Ejecutivo sumada a la “autorización de uso de pistolas de Taser a las fuerzas de seguridad”, dispuesta por la ministra Patricia Bullrich, pone de manifiesto la intención de avanzar en una “escalada represiva contra los sectores populares para atacar con palos y cárcel la protesta social”.
(Con información de Télam)
