El senador nacional y presidente del PRO, Humberto Schiavoni, consideró que el decreto del gobierno nacional que creó el Régimen Procesal de Acción de extinción de dominio “muy equilibrado y muy necesario”.
El dirigente del PRO indicó que se avanzará en “la búsqueda de consensos” en el Parlamento para que el decreto no sea rechazado en esa instancia. “No creo que haya problemas en sancionarlo”, estimó Schiavoni, en declaraciones radiales.
El sanador explicó que los proyectos propuestos en el Congreso no alcanzaron consenso para ser aprobados. De esa manera, justificó la vía del decreto para implementar la acción civil de extinción de dominio, para riquezas sospechadas de tener un origen ilícito.
“Había dos proyectos en torno a la extinción de dominio, ambos con aprobación: uno de Diputados, mucho más amplio y laxo en cuanto a las facultades para recuperar bienes del narcotráfico, trata del delito; y otro del Senado, más restrictivo, que requería una condena en primera instancia y que clausuraba la posibilidad de ir contra las operaciones cometidas con anterioridad”, explicó.
La iniciativa que logró acuerdo de la oposición fue aprobada en el Senado fue la primera, pero fue aceptada en la Cámara de Diputados.
“Los delincuentes siguen utilizando esos bienes, por eso era necesario, en línea con legislaciones comparadas, avanzar en una solución rápida”, sostuvo Schiavoni, para justificar la vía del decreto, publicado ayer.
“Discutiremos las formas, pero era necesario dar un corte a la resolución de delitos: en lo que todos estamos de acuerdo es que hay que avanzar”, agregó.
Schiavoni insistió en que el proceso por la extinción de dominio no es “de materia penal, sino que es una acción civil que se desenvuelve en sede de acción civil”.
Entre los cuestionamientos que recibió la iniciativa de parte de la oposición estuvo de la vinculación con la causa penal por la investigación de los delito que dieron lugar a los bienes sospechados.
“El recupero de los bienes robados no implican una pena, sino la devolución de un bien. Nadie puede tener derecho sobre un bien robado o sobre las ganancias de un ilícito”, explicó el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Politica Criminal, Sebastián Garat, a la agencia de noticias Télam.
“Es el juez penal quien establece un posible vínculo entre el bien y el delito y dicta una medida cautelar. Es un juez civil el que abre un proceso, en el cual el propio dueño de los bienes puede ejercer su defensa y demostrar el origen”, agregó.
