El oficialismo intentará abrir el debate sobre el DNU de extinción de dominio

El decreto ingresó el miércoles formalmente al Congreso, con la firma del presidente Mauricio Macri, y contempla la creación del régimen de extinción de dominio para que el Estado recupere bienes vinculados a casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros.

El oficialismo buscará esta semana avanzar en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en la ratificación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno sobre extinción de dominio, para recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico.Así lo señalaron fuentes parlamentarias que insistieron con la necesidad de buscar consenso con la oposición para abrir el debate para lograr el apoyo parlamentario al decreto.

En ese marco, en los últimos días, la directora de la Oficina Anticorrupción, la ex diputada macrista Laura Alonso advirtió por las redes sociales que “si el decreto de extinción de dominio es rechazado por la Bicameral, los narcos y los corruptos se quedan con todo lo que tienen”.

En esa comisión, la única que funciona aún durante el receso del Congreso, el oficialismo cuenta con ocho miembros, en tanto que los otros ocho corresponden a la oposición: cuatro responden a Argentina Federal, tres al Frente para la Victoria-PJ, y la otra es la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales.

De todos modos, será clave la presencia de los legisladores en la reunión, así como la posición que adopten en ese cuerpo, sobre todo, los legisladores del justicialismo, que responden a Argentina Federal, cuya posición podría inclinar la balanza en el seno de la comisión, y dejaría en evidencia quiénes se pronuncian en contra de la medida que busca recuperar los bienes de la corrupción.

A través del decreto, se crea una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.