La fiscal general ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, requirió “una prueba pericial contable” sobre las cuentas del Correo Argentino SA y sus controlantes Sideco Argentina y Socma Americana, pertenecientes a la familia Macri.
Fuentes judiciales informaron hoy que la funcionaria del Ministerio Público solicitó que la revisión de los libros contables de las tres firmas esté “a cargo de un perito contador sorteado de oficio por el juzgado”.
Boquín es la fiscal que meses atrás dictaminó en contra de que el Estado condonara una multimillonaria deuda que el Correo Argentino SA tiene con el fisco desde 2001 y sólo pagara 600 millones de pesos, en el marco del proceso concursal que lleva 17 años.
Ahora la fiscal requirió que la pericia determine “si los fondos retirados (de las cuentas de Correo Argentino SA) a partir del 14 de marzo de 2016 fueron utilizados para gastos”, así como que devele todos los “giros, ingresos, egresos, balances y documentación respaldatoria”. También pidió que se aclare si el Correo “percibió bonos del Ministerio de Trabajo, por qué importe, si fueron liquidados y registrados, y cuál fue su destino”, a la vez que se establezca “si los aportes propios se hicieron a través de aportes de capital o préstamos”.
La fiscal Boquín requirió, en el mismo orden, que el estudio establezca si el Correo Argentino SA “obtuvo alguna utilidad” por la compra de “las acciones de una sociedad uruguaya, Neficor, a su vez accionista de Chery Mercosur SA”, una compañía de la familia Macri.
En junio pasado el fiscal federal Juan Pedro Zoni había ampliado la imputación contra Macri por este caso. El dictamen alcanzó también al entonces ministro de Comunicación, Oscar Aguad; a su representante en el concurso del Correo, Juan Manuel Mocoroa, y a la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli.
Zoni pidió que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aún durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores, lo que había sido denunciado por Boquín.
Zoni imputó también a los directivos de Correo Argentino SA, Socma SA y Simeco SA y a los síndicos intervinientes en el concurso del Correo, según consta en el dictamen. Para el fiscal se debía investigar “la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante. O sea, el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino en beneficio de Sideco”.
La ampliación de la imputación se produjo luego de que el juez de la causa, Ariel Lijo, le remitiera las copias de los últimos dictámenes de Boquín, que contenían denuncias contra los las partes intervinientes en el concurso del Correo.
Boquín fue quien denunció que el acuerdo que se aprestaban a firmar el gobierno y el Correo por una millonaria deuda de la empresa era “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas.
(DyN)
