El caso de otra menor, en este caso de 11 años, que quedó embarazada producto de una violación intrafamiliar, volvió a generar polémica en torno a la aplicación del protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Esta semana trascendió que la niña, que llegó a las 23 de semanas de embarazo al Hospital Eva Perón de Tucumán, había pedido la interrupción del embarazo, acompañada por su madre.
El Sistema Provincia de Salud de Tucumán (SiProSa) optó anoche por practicarle una cesárea, con una justificación confusa. Por un lado, aludió al caso Fal, de 2012, en el que la Corte Suprema de Justicia determinó que, en un embarazo producto de violación, la decisión de abortar no es punible, ni para la mujer ni para el profesional. Sin embargo, también hacía a referencia a “salvar las dos vidas”.
Todo trae a la mente el caso de la menor de 12 años, en Jujuy, a la que se le practicaron una cesárea en enero último, tras varios días de deliberación entre el sistema de salud y la Justicia, sobre cómo reaccionar con un embarazo no deseado, producto de una violación y con 24 semanas y media de gestación.
Cecilia Ousset, la ginecóloga que participó como instrumentista en la cesárea, acusó al gobierno de Tucumán de obligar a la niña “a seguir gestando”. “Por una cuestión electoral, impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo”, agregó.
“Una nena de esa edad tiene peligro de muerte porque no tiene el cuerpo desarrollado para continuar el embarazo”, afirmó la médica, en diálogo con Radio Nacional Tucumán.
Ousset fue convocada ayer por el secretario ejecutivo médico del SiProSa, Gustavo Vigliocco. Fuera de los tres médicos que intervinieron en la operación, “todos los integrantes de quirófano del hospital se declararon objetores de conciencia”.
“La chiquita no entendía todo lo que iba a pasar”, contó Ousset. “La nena estuvo siete semanas a cargo del sistema público de salud y creo que el gobernador, Juan Manzur, por una cuestión electoral, impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo y obligó a la nena a dar a luz. Eso es tortura”, opinó la médica.
La Legislatura de Tucumán aprobó en agosto del año pasado una resolución por la cual Tucumán fue declarada como “Provincia provida”.
(Con información de Télam)
