La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, pidió hoy una investigación “independiente” del caso del militar venezolano Rafael Acosta Arévalo, muerto mientras estaba detenido en una dependencia estatal en la que, según familiares y dirigentes opositores, fue torturado.
“Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica, de todas las personas privadas de libertad”, afirmó Bachelet en un comunicado emitido en Ginebra. La ex presidenta de Chile expresó su “profunda preocupación” por el caso y reclamó una investigación “independiente, imparcial y transparente” para “facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables”, informó la agencia de noticias EFE.
Asimismo, Bachelet solicitó al gobierno del presidente Nicolás Maduro que permita que otras seis personas detenidas junto a Acosta Arévalo reciban visitas de parientes y abogados, y que también adopte “urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos a personas bajo custodia del Estado”.
Bachelet realizó hace 10 días una visita oficial a Venezuela para evaluar la situación de las libertades en el país, asunto sobre el que expondrá esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Acosta Arévalo, capitán de corbeta retirado, fue detenido el 21 de junio por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y alojado en dependencias de ese organismo. El viernes pasado fue presentado ante un tribunal, al que llegó “en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas”, según la abogada y activista humanitaria Tamara Suju, y el juez ordenó que se lo trasladara inmediatamente a un hospital militar, donde falleció poco después.
Según Suju, al comparecer ante el juzgado, Acosta Arévalo “no hablaba, solo pedía auxilio a su abogado”, porque “no entendía ni escuchaba bien” y “su estado era ya crítico”.
El gobierno chavista admitió la muerte del oficial en un comunicado divulgado el sábado, en el que afirmó que el fallecido estaba “imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.
“Habíamos denunciado el día martes su desaparición, junto a otros seis oficiales, y hoy se confirma su asesinato luego de haber sido torturado brutal y salvajemente”, replicó de inmediato el presidente interino designado por el parlamento, Juan Guaidó.
(Télam)
