Detenciones arbitrarias, agresiones a periodistas y ataques a manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad pero también de grupos paramilitares. Un informe de la ONU sobre la crisis en Venezuela indica que en este país hubo, hasta el 31 de julio (fecha en que culminó la etapa de investigación), “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
El documento, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), detalla que “el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”.
La oficina encargada de monitorear el cumplimiento del respeto por los derechos humanos llama en el informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a una evaluación para tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación.
El informe detalla que de las 124 muertes registradas, 46 se produjeron presuntamente por el accionar de las fuerzas de seguridad venezolanas, que reprimieron las manifestaciones con gas lacrimógeno, pero también con armas de fuego en distintas oportunidades. Además, 27 personas que perdieron la vida habrían sido víctimas de grupos paramilitares, conocidos en Venezuela como “colectivos”. Otros 51 fallecimientos no pudieron determinarse en qué contexto sucedieron o quienes fueron los responsables.
Además, la ONU contabilizó 1.958 casos de lesiones ocurridas durante las protestas. “Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos. Esto comprende la garantía de que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público durante el periodo que abarca este informe se prosigan de manera escrupulosa y con notoria imparcialidad”, expresa el informe, en el que también se deja constancia de que “el derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número”.
Según la ACNUDH, desde el 1 de abril cinco mil personas fueros detenidas en el marco de las protestas contra el gobierno de Maduro y, hasta el 31 de julio, mil aun permanecían privadas de libertad.
El informe también detalla que como consecuencias de grupos contrarios al gobierno venezolano, murieron cuatro civiles y nueve efectivos. En el informe se recomienda a los partidos de oposición que condenen todo acto de violencia, en particular cuando se trate de acciones perpetradas por grupos de manifestantes violentos.
También están documentados ataques contra periodistas que cubrían las protestas.
“Insto al gobierno de Venezuela a que aplique las recomendaciones de este informe y a que use sus conclusiones como guía para aportar verdad y justicia a las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. Una vez más pido al gobierno que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país y exhorto a todas las partes a que entablen un diálogo sustancial con miras a poner fin a la crisis”, concluyó Zeid Ra’ad Al Hussein.
La investigación, que ya había tenido un informe preliminar, se apoyó en la realización de 135 entrevistas con víctimas y familiares, testigos, representantes de organismos de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, personal de primeros auxilios y miembros del Ministerio Público. Y pese a los pedidos, el gobierno de Venezuela no respondió a las preguntas, indica la ACNUDH.
