El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) la apertura integral de los archivos documentales y financieros del organismo durante el período 2016/2019 como parte de una investigación iniciada ante una serie de denuncias, promovidas por organizaciones de la industria, sobre la existencia “un sistema de corrupción” en la entidad.
La orden, resuelta por el juez federal 6 a partir de un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, le exigió al INCAA aportar “todas las piezas contables pertinentes y toda documentación original vinculada con las rendiciones de cuenta, aprobaciones de gasto o de compra, información de pagos o transferencias dinerarias realizadas por compras directas durante los años 2016/2019″, indicaron fuentes judiciales.
La investigación comenzó con cuatro denuncias promovidas el año pasado por Documentalistas Argentinos (DOCA), Directores Independientes de Cine (DIC) y la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI) sobre incumplimientos a la Ley de Cine y apuntan al ex presidente del Instituto, Ralph Haiek, y el ex gerente general, Juan Francisco García Aramburu. La denuncia aseguró que se desviaron los fondos subejecutados para el fomento del cine, añadieron las fuentes.
La investigación por ahora se despliega en cuatro andariveles autónomos, con causas abiertas en los juzgados federales de Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello, Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo.
La orden de Canicoba Corral no sólo está interesada en obtener la documentación sobre irregularidades administrativas sino en el dispositivo de ocultamiento.
En ese sentido, la orden librada por Canicoba Corral le demanda al INCAA remitir las constancias que comprenden “la celebración de contratos publicitarios con periodistas y por consultorías”, con especial énfasis en la contratación de pasajes y reservas en festivales nacionales e internacionales.
Si bien los denunciantes señalaron múltiples hechos por diferentes incumplimientos de la Ley de Cine, en todos los casos están relacionados con una subejecución de los fondos de fomento que, afirman, alcanza los 800 millones de pesos.
Según la denuncia de DOCA, APRI y DIC, “se organizó y perfeccionó un sistema doloso de corrupción” y, como parte de él se destinó a “pagar los pasajes en primera clase a los funcionarios del Incaa, sobreprecios en contrataciones y en obras innecesarias, especialmente las del cine Gaumont, en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica)” y en las contrataciones para el Festival de Mar del Plata y Ventana Sur”.
El jefe de DOCA, el realizador Juan Mascaró, afirmó que “hay un dinero del que tendrán que dar respuesta, que no se sabe dónde está y que tiene que ver con la subejecución de los rubros de los gastos del instituto, el que iba a la producción cinematográfica y a los gastos y presupuestos que desde las asociaciones nos negamos a aprobar porque los balances no tenían detalle interno”.
Las denuncias son previas a la llegada a la presidencia del INCAA del cineasta Luis Puenzo, quien adelantó la promoción de una auditoría interna y colaboración con el proceso judicial. El nuevo titular se negó a suscribir el balance 2019 que le legó la administración anterior.
(Télam)
