La Asamblea de Bolivia aprobó la ley para celebrar el 6 de septiembre las elecciones generales, que en un principio estaban previstas para el 3 de mayo pero tuvieron que aplazarse por la pandemia de coronavirus.
El Proyecto de Ley 691, fruto de un acuerdo entre los partidos políticos representados en el arco parlamentario, fue aprobado el martes en sendas sesiones celebradas en la Cámara de Diputados y en el Senado ante la presencia del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.
Resta ahora la promulgación por parte del gobierno de la ley que establece que “el Tribunal Supremo Electoral fijará mediante resolución expresa la nueva fecha para la jornada de votación (…) a realizarse en un plazo máximo de 127 días computables a partir del 3 de mayo, vale decir hasta el domingo 6 de septiembre de 2020”.
No obstante, la norma señala que la nueva fecha debe ajustarse a los criterios técnicos especificados por el TSE y a los criterios científicos provenientes de organismos especializados de salud, “que guiarán las medidas que se adopten para garantizar que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones” en el contexto de la Covid-19, informó la agencia de noticias Europa Press.
En este sentido, el presidente del TSE se mostró “convencido” de que “los derechos políticos, indispensables para el régimen democrático”, y el derecho a la salud, “son compatibles, no antagónicos”, según informa la prensa boliviana.
De esa manera, el TSE remitirá esta semana al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el monto que se requerirá para la organización de los comicios que, anticiparon, necesitará un “presupuesto adicional” para llevar adelante la cita electoral en medio de la pandemia, debido a las medidas de seguridad que se asumirán antes y durante la votación para evitar posibles contagios.
“Se va a requerir un presupuesto adicional para llevar adelante el proceso. Esto va a ser comunicado, informado y solicitado al Ministerio de Economía en el transcurso de la semana”, señaló ayer Romero.
En enero, la autoridad electoral había informado de que iba a solicitar 201 millones de bolivianos (más de 25 millones de euros) para llevar adelante los comicios, un 18 por ciento menos que el proceso encarado en 2019.
Los comicios apuntan a normalizar la crisis política en Bolivia iniciada con el desplazamiento del poder de Evo Morales, tras supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.
Más de 30 personas murieron durante enfrentamientos entre sus simpatizantes y detractores y con las fuerzas de seguridad, que ocurrieron tras la salida de Morales que actualmente está refugiado en Argentina.
Según las encuestas de intención de voto que se realizaron antes de que surgiera la crisis sanitaria, el candidato del MAS de Morales, el ex ministro de Economía, Luis Arce, partía con una amplia ventaja sobre el resto de competidores, incluida la actual mandataria, Jeanine Áñez.
En Bolivia, hasta ahora, se han confirmado casi 14.000 casos de coronavirus, mientras que los muertos a causa de la pandemia rozan los 500.
(Télam)
