Esta mañana se inició el proceso de allanamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, por orden de la jueza federal María Marta Yañez.
El intendente Facundo Prades, de la UCR e integrante de la alianza Cambiemos, está siendo investigado, junto a otros funcionarios municipales, por haber recibido coimas para vender terrenos fiscales. El jefe comunal está imputado por “lavado de activos, encubrimiento, cohecho, infracción al Régimen Penal Tributario e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En el allanamiento, llevado a cabo por la Policía Federal Argentina, se busca “documentación de interés para la investigación”, según informaron en la página web del Ministerio Público Fiscal.
La pesquisa se inició el 7 de agosto, a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano, basada en una cámara oculta difundida por el canal de cable TN, en julio.
Prades fue filmado mientras recibía dinero en una habitación de un hotel del microcentro porteño.
La denuncia contra Prades y otros dos funcionarios es por cometer un presunto fraude a la Administración pública, por recibir una coima de 2 millones de pesos para direccionar un remate de tierras fiscales municipales a favor de empresarios chinos.
Según la denuncia, los destinatarios de los terrenos buscaban instalar supermercados en Caleta Olivia y Prades arregló el remate para excluir a la Comisión Bidepartamental de Tierras.
Si bien pertenece a la alianza Cambiemos, Prades está enfrentado al referente de ese espacio en la provincia de Santa Cruz, Eduardo Costa, que es diputado nacional, propietario de la cadena de mercados de construcción HiperTehuelche (con sucursales en toda la Patagonia) y esposo de la dirigente de la Coalición Cívica Mariana Zuvic.