La ONG defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), responsabilizó hoy al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por “ejecuciones extrajudiciales selectivas contra personas que participaron de alguna forma en las protestas”.
Según la organización, entre el 21 y el 25 de enero, en el marco de las protestas contra la asunción del segundo gobierno de Maduro, al menos 41 personas fallecieron, “todas por heridas de arma de fuego” y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, según consignó la agencia internacional de noticias EFE.
La directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, presentó este miércoles en Caracas los resultados de una investigación sobre violación de derechos humanos en Venezuela, en la que encontraron testimonios que hablan sobre detenciones arbitrarias, abusos policiales y acciones extrajudiciales, entre otras irregularidades.
“Bajo la línea de mando de Nicolás Maduro, ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana”, concluyó el informe sobre las fuerzas de seguridad.
“Autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas”, agregó el informe presentado por Guevara Rosas.
AI acusó a la fuerza pública de haber manipulado las escenas del crimen para pintar a las víctimas como delincuentes. El informe señala también que al menos 137 menores fueron detenidos el mes pasado en el contexto de las protestas. “Las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de ‘guarimberos’ (manifestantes violentos) y ‘terroristas’, los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte”, denunció el organismo internacional de derechos humanos.
Las denuncias de AI podrían ser consideradas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y, de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.
