El ex jefe Gabinete kirchenrista Anibal Fernández asesorará judicialmente a los empresarios detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa.
El abogado de López y de Sousa en las causas penales seguirá siendo, al menos por ahora, Carlos Beraldi, quien se encuentra trabajando en los escritos que presentará ante la Casación con el objetivo de llegar hasta la Corte Suprema para exigir la libertad de sus defendidos.
Los empresarios se encuentran detenidos, por segunda vez, desde el viernes pasado por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa en la que se los investiga por haber retenido 8.000 millones de pesos de impuesto a los combustibles que cobraron a través de Oil Combustibles pero no rindieron a la AFIP.
El dueño del grupo Indalo tiene tres procesamientos. El más grave de todos, que causó un sonoro escándalo en tribunales es el que firmó sobre él el juez Julián Ercolini, por la defraudación al Estado agravada a través de la maniobra que durante el último gobierno de Cristina Kirchner realizó con las estaciones de servicio de su firma Oil Combustibles: López se quedó con una parte de todo lo que recaudaba en los surtidores, correspondiente al Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Un dinero que debía remitir a la AFIP automáticamente cada vez que lo cobraba.
Esta causa -que derivó en otro expediente por el concurso de acreedores de Oil, que se tramita en la justicia comercial- tuvo noticias impactantes la semana pasada, cuando la sala I de la Cámara de Casación Penal Federal revirtió el cuestionado fallo de la Cámara Federal porteña, que había aliviado la acusación contra López y su socio De Sousa, al cambiar la figura de fraude al Estado por una más suave de “apropiación indebida de tributos”.
López también está procesado por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces que, tal como ocurre con Lázaro Báez, y el alquiler de hoteles de Cristina Kirchner en el caso Hotesur, donde se investiga las posibles maniobras de lavado a través del alquiler de departamentos a la empresa de la ex presidenta. En este expediente le pusieron un embargo de 100 millones de pesos.
El tercer procesamiento del dueño de Indalo es por retención indebida de aportes de la seguridad social de cientos de empleados de sus firmas, con un embargo de 50 millones de pesos.
