El gobierno nacional anticipó que impulsará la reforma de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148), tras el fallo del juez federal Pablo Cayssials que determinó que el procurador general de la Nación no puede ser removido a través de un juicio político.
“Por decreto no, sino que intentaremos reformar la ley. Esperemos que la oposición nos acompañe”, afirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano, en declaraciones al diario Clarín.
El fallo de Cayssials abrió la puerta a que se discuta el desplazamiento de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a través de un mecanismo que no requiera mayorías especiales del Congreso, como el juicio político.
“Lo que dice el fallo es que la Constitución establece expresamente los cargos que deben ser removidos a través del juicio político, que son muy específicos y excepcionales, y el de la procuradora no debe incluirse en ese rango. Si el constituyente no lo estableció expresamente, no es excepcional. El resto de los cargos, como el de los jueces que no son de la Corte, van por jury de enjuiciamiento”, explicó el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, a Diario Vivo.
El integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales sostuvo que el fallo, aunque no lo establezca expresamente, instó al Congreso Nacional a modificar la ley vigente que organiza el Ministerio Público, las facultades del procurador general y los mecanismos de remoción.
“El fallo dice que tenemos que ponernos a trabajar sobre una ley que es inconstitucional. El juez no lo resolvió expresamente, pero el fallo tomó estado público”, afirmó Lipovetzky sobre el plazo con la que el oficialismo avanzará en una modificación de la normativa vigente.
El año pasado, el gobierno nacional impulsó un proyecto que alcanzó dictamen en la Cámara de Diputados y que, entre otros puntos, limitaba el carácter vitalicio del cargo del procurador general de la Nación. Sin embargo, no logró el consenso necesario para seguir avanzando ya que encontró opositores, incluso dentro de Cambiemos, con Elisa Carrió a la cabeza.
“Seguramente, vamos a buscar nuevas alternativas, teniendo en cuenta los consensos. Podría pensarse en otros mecanismos de remoción distintos al jury, pero está claro que no puede ser el juicio político porque va en contra de la Constitución”, apuntó Lipovetzky.
Desafuero de Julio De Vido:
El diputado nacional Daniel Lipovetzky, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales en representación del PRO, anticipó que “es probable” que la semana próxima la Cámara Baja sume el pedido de desafuero del juez Claudio Bonadio contra Julio De Vido al que ya está previsto tratar, del magistrado Luis Rodríguez.
“Los votos están, no creo que nadie vaya a contradecir una orden judicial“, estimó.
“Una vez que se apruebe el desafuero, De Vido queda en condiciones de ser detenido inmediatamente“, apuntó Lipovetzky.
Según explicó el legislador, corresponde que el ex ministro de Planificación y actual diputado del Frente para la Victoria sea detenido, en primer término, en el marco de la causa por defraudación al Estado en el manejo de los fondos destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es en la primera en que se requirió el arresto y el desafuero. Después, Bonadio deberá determinar si, con esa detención, considera cumplido el requerimiento que hizo ayer.
Algunas versiones indican que De Vido analiza presentar su renuncia y entregarse antes del miércoles próximo para evitar la foto con esposas y en el patrullero.
“Es una posibilidad. En ese caso, la renuncia sería tratada antes que los pedidos de desafuero y, en lugar de dos tercios, haría falta la mitad más uno, es decir una mayoría simple. La Cámara se va reunir el miércoles próximo, eso es seguro”, apuntó Lipovetzky.
