El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asistió hoy de manera virtual a la última audiencia del proceso judicial en los tribunales británicos que decidirá si extradita a Estados Unidos al periodista, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.
La audiencia fue de carácter administrativo y apenas duró unos minutos en la sala 3 del Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres.
La defensa del informático y periodista australiano solicitó tiempo adicional para presentar su alegato final debido a trabas y retrasos en la entrega de documentos que están afrontando por parte de las autoridades penitenciarias, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.
El periodista australiano se enfrenta a 18 cargos en Estados Unidos relacionados con la publicación por WikiLeaks, a partir de 2010, de cientos de miles de documentos secretos que dejaron al descubierto, entre otras cosas, sus acciones militares -incluidas muertes de civiles, torturas y otros abusos- en Afganistán e Irak.
Por todos estos cargos, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel en caso de ser extraditado a Estados Unidos y juzgado allí.
Assange, de 49 años, fue detenido en abril de 2019 tras pasar siete años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, precisamente por temor a ser enviado a la fuerza a Washington.
La magistrada Vanessa Baraitser, que tiene que sopesar si la extradición del activista es proporcional o compatible con los derechos humanos, tiene previsto comunicar su veredicto a favor o en contra de la extradición el 4 de enero de 2021, según indicó al cierre de los testimonios orales.
Baraitser ya había anunciado que su decisión se conocerá después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre.
El veredicto final indicará si la libertad de prensa tiene prioridad sobre la protección de secretos de Estado, aunque estos encubran aparentes abusos de poder y violaciones de los derechos humanos.
Ambas partes tienen derecho automático a apelar la decisión de la causa que podría llegar hasta el Supremo del Reino Unido y la Corte de Derechos Humanos europea con sede en Estrasburgo, Francia.
(Télam)
