Con votos 140 a favor y 72 en contra, se aprobó en la Cámara baja el proyecto del oficialismo que refuerza los controles y las sanciones contra la concentración monopólica, para defender la competencia del mercado.
A través del proyecto impulsado desde Cambiemos, se crea la Autoridad Nacional de la Competencia; se endurecen las multas para las actitudes monopólicas y se genera el “Programa de Clemencia” para los miembros de un monopolio que denuncien la maniobra de cartelización.
La iniciativa fue presentada por los diputados nacionales Elisa Carrió, Mario Negri, Jorge D´Agostino, Miguel Bazze y Carla Carrizo. El oficialismo aceptó en la discusión en particular una serie de modificaciones.
“Están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante”, indica el primer artículo del proyecto.
La iniciativa entiende por “concentración económica” la toma de control de una o varias empresas a través de “la fusión; la transferencia de fondos de comercio; la adquisición de la propiedad, participaciones de capital o títulos de deuda y cualquier transferencia de activos que otorgue influencia determinante en la toma de decisiones”. Cuando el volumen de negocio de una empresa o conjunto de empresas sea igual o superior a 150 millones de “unidades móviles”, “deberán ser notificados para su examen preventivo”.
Cada acto notificado tomará estado público y “cualquier interesado podrá formular las manifestaciones y oposiciones que considere procedentes”. “Las concentraciones que hayan sido notificadas y autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente”, indica la normativa.
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El proyecto, con media sanción, crea la “Autoridad Nacional de la Competencia”, como organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, que estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaría de Concentraciones Económicas.
De los cinco miembros del cuerpo, al menos dos deberán ser abogados y otros dos estar licenciados en Ciencias Económicas; todos serán designados por el Poder Ejecutivo, en base a una serie de requisitos de idoneidad, y tendrán un mandato de cinco años.
Por otro lado, el proyecto establece multas según tres criterios: el beneficio generado por las conductas anticompetitivas (la penalidad podría hasta duplicar el monto); el porcentaje de volumen de negocios del grupo económico monopólico y sanciones de hasta 200 millones de “unidades móviles”, equivalentes a 3 mil millones de pesos ajustables por IPC.
La iniciativa también crea el “Programa de Clemencia”, que exime de sanción al primer integrante de un cartel que aporte pruebas para detectarlo y sancionarlo y reduce la multa entre un 20 y 50 por ciento para los miembros del monopolio que agreguen pruebas.
Posiciones a favor y en contra:
La diputada nacional del Frente Renovador Liliana Schwindt defendió la iniciativa al sostener que no hay una norma “que actúe, controle, sancione y multe” y destacó que será de “gran importancia” para la OCDE. Su bloque también reclamó la sanción de la denominada “ley de góndolas”, para repartir equitativamente el espacio asignado a los productos y marcas en los supermercados.
En rechazo al dictamen de mayoría, Juan Cabandié, del Frente para la Victoria, cuestionó la “excesiva autoridad que va a ejercer” el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. “Nos parecería más conveniente que se ejerza de una manera más colegiada”, argumentó.
El diputado nacional también cuestionó que la creación “de una Sala especializada, con tres jueces, en el marco de la Cámara Nacional de Apelación Civil” generará una “flagrante contradicción y hasta una inconstitucionalidad. “Estaríamos ante jueces civiles que tienen que aplicar el Código Penal”, apuntó.
Por último, Cabandié cuestionó el “Programa de Clemencia”: “nos parece un eufemismo, en una época de moda de los arrepentidos”.
Desde el Frente de Izquierda, Pablo López (PO) calificó el proyecto como “una enorme hipocresía”. “El gobierno ha colocado a los CEO’s de las empresas de monopolios como funcionarios”, disparó.
