El gobierno de Jair Bolsonaro ordenó el despliegue de las fuerzas federales en Brasilia para aumentar la seguridad durante los próximos 33 días frente a posibles manifestaciones opositoras y de movimientos indígenas.
Un decreto firmado por el ministro de Justicia y Seguridad, el ex juez Sérgio Moro, por recomendación de los generales que conforman el núcleo duro del gabinete establece que la Fuerza Nacional, grupo de élite de la policía, permanezca de guardia durante los próximos 33 días para la “preservación del orden público” en la capital de Brasil.
La decisión se produce ante las anunciadas manifestaciones de los movimientos indígenas, que preparan la semana que viene un acampe en la Explanada de los Ministerios, como hacen hace 14 años, en reclamo de tierra y derechos.
“Yo pedí la medida para desestimular la violencia en actos y manifestaciones”, dijo el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general retirado Augusto Heleno, quien está a cargo de los servicios de inteligencia y es asesor en geopolítica de Bolsonaro.
El uso de la Fuerza Nacional “es de carácter preventivo y tiene como objetivo garantizar la seguridad del Patrimonio Público y de los funcionarios públicos ante la previsión de manifestaciones en la Explanada de los Ministerios”, señaló un comunicado de Heleno.
Las manifestaciones de indígenas forman parte del Acampamento Terra Livre (ATL), que está previsto del 24 al 26 de abril luego de las celebraciones del Día del Indio, que en Brasil coincide, el 19 de abril, con el Día del Ejército.
El jueves pasado Bolsonaro fustigó la manifestación anual de los pueblos indígenas, a los que les advirtió que no entregará más tierras y que pretende autorizar la explotación agrícola y mineral en las áreas hasta hoy protegidas por mandato constitucional.
“Van a venir unos 10.000 indígenas a Brasilia en colectivos, otros en auto que ellos mismos conducen, en avión, usando hospedaje, todo con el dinero del contribuyente”, dijo Bolsonaro.
Pero la dirigencia indígena descartó que exista dinero público en la organización de la manifestación. “Brasilia no es tierra privada, es tierra para manifestarse también”, dijo Sonia Guajajara, dirigente indígena que fue candidata a vicepresidente del opositor Partido Socialismo y Libertad (Psol).
De acuerdo a la resolución firmada por el ministro Moro, el plazo de 33 días puede ser ampliado. La operación es para la región donde se encuentran los principales edificios públicos de Brasilia: la Explanada de los Ministerios, dos avenidas de acceso, y la Plaza de los Tres Poderes, que conecta al Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal.
El plazo de la resolución firmada por Moro a pedido del general Heleno incluye también un momento clave de la negociación política en la Cámara de Diputados de la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno de Bolsonaro, proyecto rechazado por la mayoría de la población, según las encuestas.
El opositor Partido de los Trabajadores denunció un “estado policial” que intenta Moro para “consolidar su poder político”, en palabras del jefe del bloque de Diputados de esa fuerza, Paulo Pimenta. “No hay nada que justifique sitiar Brasilia, quieren tutelar la democracia”, reclamó.
(Télam)
